Partido Revolucionario de los Trabajadores
Sección mexicana de la IV Internacional

Los derechos se acotan con el modelo neoliberal: la lucha por el agua en Baja California


El 23 de marzo el Gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, en compañía de las y los presidentes municipales de Playas de Rosarito, Tecate, Tijuana y Ensenada; de los Presidentes del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de los infaltables dirigentes empresariales, puso “la primera piedra” de lo que será la Planta Desalinizadora Aguas de Rosarito Sapi de C.V.

La inversión de esta desalinizadora, que raya en los 83 mil millones de pesos incluyendo otra desalinizadora en San Quintín, B.C., a pesar de fuertes protestas de los movimientos de resistencia civil en el Estado, fue aprobada en diciembre de 2017 mediante Decreto, por la mayoría del PAN y el PRD en el Congreso de BC, tras iniciativa enviada por el gobernador al amparo de la Ley Estatal de Asociaciones Público-Privadas.

Este enorme endeudamiento público que compromete a los contribuyentes bajacalifornianos a pagar ese dinero hasta el año 2056, fue impugnado por diputados opositores de Morena, PES, PT y PBC, en virtud de las facultades arrogadas por la legislatura local, de pasar por sobre la decisión soberana de las próximas legislaturas para aprobar año con año el presupuesto de egresos. Ello mereció la acción de inconstitucionalidad presentada en enero pasado por los legisladores inconformes ante la SCJN, admitida para su estudio y pendiente de resolución.

Consolidated Water Corporation, Ltd. (Aguas de Rosarito) y RWL Water son las compañías responsables de las desalinizadoras en Playas de Rosarito y San Quintín, respectivamente. La primera recibirá del gobierno estatal durante 37 años el pago garantizado de 149 millones 312 mil 18 pesos al mes. Luego, la planta pasará a manos del Estado. El Congreso aprobó también que durante esos años se embargue como fuente alterna de pago el impuesto sobre nómina que se cobra en el estado y/o que se eche mano de cualquier otro ingreso –incluyendo remanentes de participaciones federales– para hacer frente al compromiso con los inversionistas. Al más puro estilo neoliberal.

Hay propuestas técnicas más económicas que las desalinizadoras para hacer llegar agua a la llamada “Zona Costa” de Baja California (Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada), como construir un acueducto con agua proveniente del Río Colorado y un sistema de represas, pero la población supuestamente beneficiada con la costosa inversión y especialistas nunca fueron consultados sobre estos macroproyectos privados. El Ejecutivo Estatal se atiene al control que ejerce en el Congreso para aprobar todo lo que manda, abonando a la gradual descomposición de la “democracia representativa” partidista, al dominar los intereses económicos y políticos por sobre el bien común.

Por otro lado, en julio del año pasado, el colectivo “Mexicali Consciente” dirigió un escrito al Congreso de BC en el que se proponen a esa legislatura tomar diversas acciones: 1) que el derecho humano al agua y su saneamiento se incorpore a la Constitución del Estado; 2) establecer en la Constitución local que el agua no es susceptible de apropiación privada con fines de lucro, por lo que todos sus procesos deben estar a cargo del Estado y de los poderes públicos; 3) cumplir sin más demora lo que dispone el artículo 115 constitucional, fracción III: “Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales…”

Y como quinto punto, “Mexicali Consciente” propone que la transferencia de agua potable a los ayuntamientos “debe ir acompañada de un proceso democratizador que permita a la ciudadanía participar en la operación, gestión y mantenimiento del servicio”. Además, que la estructura de Gobierno y toma de decisiones de cada entidad municipal operadora del agua, “deberá ser no solo representativa, sino también participativa, experta, transparente, libre de intereses ajenos al bienestar general, y tener siempre presente como eje el bien futuro de la población (el principio de sostenibilidad adoptado por la ONU, para garantizar el derecho al agua de manera suficiente, saludable, accesible y asequible, para la presente y futuras generaciones).”

El escrito citado, después de ocho meses de haber sido formalmente presentado al Congreso, no ha tenido respuesta. La legislatura no da respuesta a escritos incómodos, pero sí acude a avalar la cuantiosa inversión público-privada mediante la presencia en el evento en cuestión del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Raúl Castañeda Pomposo.

Por último, un grupo de manifestantes de los colectivos en resistencia marchó por las calles del municipio de Playas de Rosarito para protestar durante la instalación de la primera piedra, evento que contó, además, con la entusiasta presencia del Director General del Banco de Desarrollo de América del Norte (NAD-BANK), Alex Hinojosa, quien felicitó al gobernador; del Delegado en Baja California de la Semarnat y del Director General de NSC Agua, S.A., filial en México de Consolidated Water Co. Ltd.

El Subsecretario de Gobierno en Tijuana, Enrique Méndez, no atinó a explicar los fundamentos legales del operativo policíaco que encabezó para, mediante una valla metálica y un fuerte dispositivo policíaco, impedir el libre tránsito, el derecho a la protesta social y a la libre manifestación de las ideas, violando los derechos de quienes marchaban para expresar su inconformidad con la suntuosa obra privada destinada al servicio público de agua, a costa de nuestros impuestos.

Director de le Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste.

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