Declaración del PRT frente a la emergencia que representa la pandemia de COVID-19







La humanidad se encuentra ante una catástrofe de dimensiones planetarias que actualmente combina la pandemia del COVID-19 con una crisis económica del capitalismo, todo ello enmarcado en el caos geopolítico provocado por los conflictos interimperialistas y la crisis ecológica, cuya expresión más siniestra es el cambio climático.


La crisis civilizatoria provocada por el capitalismo, recrudecida en estos últimos  años, nos muestra otro de sus rostros funestos con la aparición y posterior expansión del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron los últimos días del 2019 en Wuhan, China. Promovida a través de los diversos vehículos de la propia globalización capitalista, en la que solo importa la salud del Capital y no la de los seres humanos, esta enfermedad ahora es calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la pandemia más grave de los últimos tiempos.


Más allá del debate sobre los orígenes de esta pandemia, el COVID-19 ha puesto al mundo entero en estado de alerta por su veloz y fácil propagación así como por su tasa de mortalidad. Expertos epidemiólogos y asesores de la OMS estiman que un alto porcentaje de la población mundial se contagiará con este virus, entre el 40% y 70%, de los cuales el 4% enfrentará la posibilidad de perder la vida, imponiendo así una imborrable marca de sufrimiento y muerte en la humanidad.


Si bien el COVID-19 impactó a todo el planeta, su rápida y masiva propagación no sólo es un fenómeno de la globalización o resultado de la falta de atención oportuna al inicio de los brotes (empezando por China), sino que es la expresión del estado actual de los sistemas de salud pública y protección social que, durante el nefasto periodo neoliberal, han sido desmantelados, cuando no privatizados, para favorecer los intereses de los capitalistas que promueven la mercantilización de todos los servicios de los sistemas de salud (prevención, tratamiento, cuidados, etc.) para obtener ganancias por medio de hospitales y aseguradoras, así como de farmacéuticas o de laboratorios que buscan patentar medicamentos para luego venderlos a precios elevados. Todo ello niega, por supuesto, el derecho humano a la salud de millones de personas que padecen enfermedades crónicas o degenerativas, en muchos casos más letales y extensas que el propio COVID-19.


Carentes de políticas de prevención para la salud pública y de vacunas o medicamentos apropiados, muchos gobiernos tomaron medidas precipitadas, como el cierre fronterizo, el aislamiento social y el paro de actividades económicas, sin importar los costos sociales para las y los trabajadores o los grupos sociales más vulnerables (pobres, migrantes, poblaciones racializadas, pueblos originarios, personas mayores o enfermos, niñas y niños). Por ejemplo, en el norte de Italia, el foco infeccioso más grave en ese país, se obliga a las y los trabajadores a asistir a las fábricas pese a sus riesgos y protestas. En Brasil, el nefasto presidente Jair Bolsonaro pretendía legitimar el despido de trabajadoras y trabajadores, cosa que proyecta hacer en Chile el no menos infausto presidente Piñera. En Estados Unidos el vicegobernador de Texas sugirió el sacrificio de las personas mayores por el bien de la economía mientras el presidente Trump actúa con esa lógica. La voz del Capital se escucha a través de sus personificaciones más cínicas.


Estas medidas, que han estimulado una mayor contracción de la actividad económica, acompañada de la caída mundial de los precios del petróleo incentivada también por conflictos geoestratégicos, han provocado una severa y profunda crisis económica, con implicaciones graves para toda la población mundial y el conjunto de las y los trabajadores.


Una estrategia contraccionista a una economía que funciona para la ganancia de unos cuantos sin asegurar derechos laborales, sin atender a quienes se dedican a la economía informal, a las personas más pobres y quienes tuvieron que migrar, es condenar a la miseria y a la muerte a millones de personas. La OIT ha estimado que se perderán casi 25 millones de empleos a nivel mundial a causa de esta pandemia. Sin una rebelión masiva mundial de trabajadoras y trabajadores, las fracasadas y desacreditadas políticas económicas neoliberales volverán a imperar con el mecanismo de incrementar las deudas y la imposición de ajustes estructurales económicos y sociales, que implican más miseria, precarización, despojo, enfermedades y muertes.



México frente al COVID-19


Para el caso de México, un país con una economía dependiente, neocolonizado e integrado totalmente a la economía imperialista de Estados Unidos, que no cuenta con las mismas condiciones socioeconómicas que los países más afectados de Europa, el COVID 19 no sólo representa un peligro mortal para las personas mayores, con afectaciones previas, o para las mujeres embarazadas, también lo puede ser para las y los 60 millones de pobres que sufren hambre, carencias de servicios básicos (agua potable, drenaje, electricidad, salud), desnutrición y malnutrición, así como una carga de enfermedades que los hace más vulnerables ante este virus.


Las medidas adoptadas por el gobierno mexicano contrastan con las de otros países europeos y latinoamericanos, en los cuales se han declarado, con intenciones manifiestamente políticas, estados de emergencia, cuarentenas o estados de excepción, estableciendo toques de queda temporales, medidas que limitan o cancelan las garantías individuales y colectivas, limitando las actividades de la vida social toda y militarizando territorios, ensayando así nuevas formas de control y disciplinamiento social. 

En México se ha optado por un paulatino aislamiento social, comenzando por la suspensión de clases en todos los niveles educativos, así como de actos masivos hasta por un mes. Asimismo, se ha buscado que el impacto del COVID-19 no afecte mayormente la actividad económica, pero no se garantizan los derechos laborales de las y los trabajadores, la atención a migrantes, trabajadoras precarizadas y de quienes laboran en la economía informal.


En estos días entramos ya en la segunda fase de la contingencia sanitaria, esto quiere decir que los casos de contagio se multiplicarán y no se tendrá certeza de su fuente, lo que llevará a las autoridades a endurecer las medidas de seguridad sanitaria y a la implementación del Plan DN-III, a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina  (SEMAR), militarizando al país y limitando los derechos individuales y colectivos. Es muy probable que en las próximas semanas miles de trabajadoras y trabajadores pierdan el empleo, la salud e incluso la vida.


En este contexto, la oportunista oposición de derecha al gobierno de AMLO reclama medidas más duras que frenen toda actividad económica y social, lo acusa de negligencia y presiona, a través de la opinión pública y sus medios de comunicación, con la intención de incentivar la profundización de la crisis económica y de gobernabilidad para preparar el terreno que les permita regresar al poder a costa de la salud de la población o el empeoramiento de su situación social.



Los intereses de la clase trabajadora y de las mujeres en el centro


Nuestra posición va más allá de esta polarización entre quienes defienden a este gobierno y la derecha que lo ataca, pues colocamos al centro los intereses del pueblo, las mujeres y la clase trabajadora, que en estos momentos consiste en la irrestricta defensa de la vida frente a los efectos de la pandemia y de la crisis económica que ya afectan al país. Si bien el autocuidado, la solidaridad de clase y el apoyo mutuo son medidas que pueden prevenir y mitigar algunos efectos de esta pandemia, se requiere analizar este problema social como un problema político, con sus retos y tareas.


Para nosotros y nosotras es de vital importancia garantizar el acceso gratuito y de calidad a los servicios de salud para toda la población que se encuentre en el territorio nacional. Para esto es preciso reorganizar y fortalecer el sistema de salud, aumentando su presupuesto, adquiriendo equipo médico, medicamentos y pruebas para detectar la enfermedad incorporando toda la capacidad instalada, pública o privada, para la atención gratuita.


Ante la posibilidad de disminuir las actividades económicas, se vuelve fundamental la defensa de los derechos laborales, exigiendo el pago íntegro de salarios y el respeto a las organizaciones sindicales y de las prestaciones mientras duren los paros provocados por la contingencia sanitaria.


Para toda la población con “empleo informal” exigimos les sea entregado un ingreso extraordinario que corra a cargo del gobierno y que no represente la adquisición de préstamos o créditos. Igualmente será esencial demandar albergues, alimentos y, en su caso, servicios de cuidados para las personas empobrecidas y migrantes que viven al día.


Una medida radical para obtener los recursos necesarios para enfrentar esta emergencia nacional es la suspensión inmediata del pago de la Deuda Externa por tiempo indefinido, así como el desconocimiento de la deuda ilegítima.


Es necesario que durante la contingencia se destinen recursos suficientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y todos sus derechos humanos. Recordemos que la 4T, en la actual legislatura, eliminó o redujo el presupuesto en al menos 20 programas nacionales de apoyo a niñas, adolescentes y mujeres, como las estancias infantiles; y aún no libera el presupuesto indicado para refugios y servicios de atención contra la violencia de género, lo cual representa un mayor riesgo en esta cuarentena.


Como se puso de manifiesto el pasado 8M en las calles, la violencia contra las mujeres es un problema grave de salud pública y social, al cual el Estado no ha podido responder prioritariamente ni erradicar. Por eso, ante esta doble pandemia (la violencia feminicida y el coronavirus), además de la opción de llamar al 911, Planificatel, Línea Materna, Línea de Vida o línea psicológica, en caso de violencia o emergencia, urgen políticas públicas con presupuesto para realmente prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos y modalidades de violencia. Esto se vuelve más apremiante porque el aislamiento y confinamiento social (paulatino o forzado) por la pandemia puede exacerbar y poner en riesgo aún más a las mujeres, adolescentes y niñas a vivir violencia dentro de sus hogares por parte de sus parejas y/o familiares. Cabe recordar que el hogar es uno de los espacios donde se ejerce un alto grado de violencia contra mujeres y niñas, incluidas la violencia sexual y la feminicida (el 93% de los casos de violencia contra mujeres tiene como agresor a un familiar). 


Es primordial que en esta situación de emergencia nuestro sistema de cuidados no recaiga en las mujeres y niñas, quienes han fungido históricamente como cuidadoras, de manera gratuita y precaria, en quienes se amortiguan las crisis a costa de su salud física, emocional y psicológica, ahondando las desigualdades de género. Exigimos que el Estado y todos los niveles de gobierno promuevan el reparto colectivo de las tareas de reproducción social, trabajos del hogar y de cuidados de niñas, niños, personas adultas y enfermas. 



Rechazamos el discurso presidencial que estigmatiza y vuelve a colocar la carga de la reproducción social y de cuidados en mujeres y niñas. Demandamos que el Estado se responsabilice de garantizar medidas de atención a la población en estos momentos, pero también hacemos un llamado a que la sociedad se comprometa en el cuidado colectivo y justo. Urge que el plan del gobierno federal para atender la contingencia por el COVID-19 contenga una puntual perspectiva de género ya que las medidas de confinamiento traerán a las mujeres mayor carga de trabajos en el hogar y de cuidados de personas enfermas y mayor riesgo de perder el empleo o el ingreso por sus condiciones precarias, informales y de desigualdad, por lo que urgen políticas públicas que realmente respondan a la problemática de que miles de mujeres se queden sin ingresos, se enfrenten al desempleo y a la extrema pobreza. 


Es insuficiente el llamado a la conciencia de empleadores para apoyar a las trabajadoras, pues sabemos que sus intereses económicos y ganancias están por encima de nuestras vidas. Además de que una gran parte de la población trabajadora en condiciones de precarización, como trabajadoras del hogar o quienes viven del trabajo informal o subempleadas, no puede resguardarse y quedarse en su casa, pues tiene que salir todos los días a ganarse el sustento, poniendo en riesgo su salud y su vida. Tampoco hay programas de gobierno para proteger a quienes viven en situación de calle, ni a personas damnificadas por los sismos de 2017 que viven en hacinamiento y sin casa desde hace 30 meses.


En otros momentos de contingencia, como los terremotos, la solidaridad, fraternidad y sororidad organizada desde abajo se ha presentado como la manera en que nos reconocemos como iguales, ayudándonos mutuamente para salir de las catástrofes. Ahora más que nunca, debemos evitar que el aislamiento social impuesto impida que esta florezca. 



La lucha es contra el capitalismo


El imperialismo, los grupos empresariales y de derecha sólo se preocupan por que, a pesar de la crisis de salud, este sistema económico siga beneficiando a unos cuantos (menos del 1% de la población), y ve al resto de las personas como prescindible y sacrificable. Sin embargo, somos las trabajadoras y los trabajadores quienes producimos toda la riqueza económica, los satisfactores de nuestras necesidades, la reproducción social y los cuidados que mantienen la vida social. La clase trabajadora somos la fuerza productiva de la sociedad y no debemos permitir que unos cuantos, aprovechándose de esta pandemia, pretendan sacrificarnos para que ellos sigan viviendo de nuestros trabajos y nuestras vidas. Es necesario defender nuestras vidas, empleos y todos nuestros derechos. Que ninguna persona se quede sin sustento, sufra hambre, ni quede desamparada, y que las mujeres y niñas no sufran más violencias machistas en medio de esta pandemia.


Es indispensable mantener la solidaridad entre la clase trabajadora. En esta crisis económica y sanitaria debemos pelear por un sistema de salud público y gratuito para todas las personas, así como por justicia social frente a la desigualdad que impera socialmente. Si los empresarios pretenden seguir expropiando la riqueza que producimos y quitarnos nuestros empleos, luchemos por expropiar a los expropiadores para organizar una economía y una sociedad que no funcione para las ganancias de unos cuantos sino para preservar y mejorar la vida de todas y todos.


Rechacemos los discursos clasistas, sexistas, colonialistas, xenófobos, homofóbicos y racistas que recirculan el darwinismo social o la eugenesia para fortalecer grupos autoritarios y fascistas. Nuestra pelea por salvar y cuidar nuestras vidas es una lucha por defender y mejorar nuestras condiciones de vida sin desigualdades, explotación u opresiones. 


Si ante la crisis actual el capitalismo está ensayando una reestructuración planetaria, es urgente levantar una estrategia anticapitalista, es decir, una alternativa feminista, ecosocialista, antirracista y antiimperialista.




Comité Político

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores

28 de Marzo del 2020

Partido Revolucionario de los Trabajadores
Sección mexicana de la IV Internacional