La Marea Verde en México




Alicia Mendoza Guerra[*]


En México, mujeres y jóvenes feministas movilizadas y organizadas se han colocado en la vanguardia de un movimiento que cada vez tiene mayor fuerza política y que ha logrado interpelar al Estado, pero que también ha detonado discusiones para cambiar no sólo leyes, sino narrativas, discursos, mensajes y paradigmas. Uno de estos temas que ha impactado a la sociedad es el aborto.

En 2019, las movilizaciones en contra del acoso, la violencia sexual y la defensa del aborto legal y seguro inundaron las calles. Gracias al gran impulso que le dio la Marea Verde, que inició en Argentina en 2018, a la lucha histórica en México por el derecho a decidir, por el pleno reconocimiento y goce de la ciudadanía, de libertad de elegir, autonomía reproductiva, de todos los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, se ha logrado que hoy día el Congreso de la Unión discuta diversas iniciativas para lograr la despenalización y legalización del aborto en todo el país.


Algunas de estas iniciativas de ley contemplan crear un Código Penal Nacional que excluya el delito de aborto, modificar el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, modificar la Ley General de la Salud que permita la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), para que las instituciones de salud, personal médico y enfermeras garanticen el derecho al aborto, así como cada una de sus causales, y liberar a las mujeres que se encuentran encarceladas por el delito de aborto, con la Ley de Amnistía que fue enviada por el Poder Ejecutivo.


Una de estas iniciativas, en días recientes, acaba de dar un paso adelante. Ya que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó una “opinión favorable” para el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de ILE y salud sexual reproductiva. Por lo que, en los siguientes meses veremos si la mayoría legislativa del partido en el poder, Morena, logra avances sustanciales para los derechos de las mujeres, pese a los acuerdos con las corrientes ultraconservadoras con las que llegó en alianza a la nueva administración federal.


Cada una de estas iniciativas de ley ha sido precedida por una fuerte movilización y largo trabajo de feministas, organizaciones y asociaciones de derechos humanos de las mujeres. Durante las últimas tres décadas diversas organizaciones y estudios feministas, han demostrado que una ley que despenaliza el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, mientras que penalizarlo sí obliga a mujeres y niñas que no desean continuar un embarazo a hacerlo en contra de su voluntad, lo que implica una forma de tortura.

La lucha por la despenalización del aborto en México, que inició en 1936, tuvo su primer logro 71 años después, cuando en 2007 se aprobó la ILE en la Ciudad de México. Y 83 años más tarde, en septiembre de 2019, las mujeres organizadas lograron que se respetara y garantizara el derecho al aborto legal en Oaxaca. Pero ante cada avance, la respuesta conservadora ha asestado golpes contra los derechos humanos de las mujeres. Tan solo en diciembre pasado no permitió que se aprobara la despenalización del aborto en Hidalgo. Y en los últimos años 12 años, después de la aprobación de la ILE en la Ciudad de México comenzaron a aprobar contrarreformas en las constituciones de los estados para proteger la vida desde la concepción, impulsadas por el PAN, PRI, PRD, PES. Así, de 2008 a 2018, ya suman 20 estados cuyas constituciones establecen la “protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, cuyo fin fue blindar, frenar y bloquear que otros estados lograran la legalización del aborto como en la CDMX.


La legislación y las sanciones por aborto en México, dependen de los Códigos Penales locales y pueden incluir hasta seis años de prisión. En total existen ocho causales por las que se puede abortar sin que sea considerado un delito: cuando el embarazo es producto de una violación (en los 32 estados), cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer, si el producto presenta alguna malformación congénita grave, si el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer, si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente; cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo, y por libre decisión de la mujer.


A pesar de que México es un país que permite estas causales por aborto y a pesar de la NOM-046 que obliga a dar el servicio de ILE a las mujeres y menores de edad, que así lo soliciten, que tienen un embarazo producto de una violación sexual, la criminalización de las mujeres que abortan en cualquier circunstancia ha ido incrementando. GIRE ha documentado que en el país cada día una persona es denunciada por aborto y que de enero de 2006 a diciembre de 2016 un total de 4,246 personas fueron denunciadas por aborto. De acuerdo con datos de México Social, en 2019, el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas encabezan las entidades del país donde hubo más carpetas de investigación abiertas por el delito de aborto que por feminicidio.

Todo esto debido a una política que va en contra de los derechos humanos de las mujeres, y que en los hechos lleva a que personal médico, debido a dogmas y estigmas contra el aborto, evada la práctica y las leyes, lo cual significa una violación de los derechos de las mujeres a la salud, la integridad física, psicológica y sexual y los derechos y libertades reproductivas, además de incurrir en violencia obstétrica, institucional y violación a la laicidad del Estado. Criminalización que afecta principalmente a mujeres y jóvenes procedentes de contextos de violencia, pobreza, falta de acceso a información reproductiva.

Además de la criminalización a todas las mujeres y niñas que abortan, las implicaciones de que el Código Penal federal todavía establezca sanciones penales, está el grave problema de la clandestinidad e inseguridad de la práctica que lleva a que el aborto sea aún la quinta causa de muerte de mujeres, jóvenes y niñas en el país. La muerte materna es un tema de justicia social, pues afecta de manera particular a las mujeres y niñas más pobres que se encuentran en situaciones más vulnerables, además que todas estas muertes son prevenibles.

El último año, el movimiento ha logrado avances significativos en materia de derechos reproductivos. En mayo pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud de las mujeres cuando el embarazo pone en riesgo su salud física y emocional. Este caso permite exigir que el aborto por la causal salud, existente en 16 entidades, pero no en el Código Penal federal, sea garantizado para las mujeres en todo el sistema de salud de México. Así, de acuerdo con GIRE, este año 2020, el Estado deberá contar con infraestructura, recursos humanos y económicos, así como insumos y condiciones sanitarias para brindar el acceso a mujeres y niñas sin discriminación de ningún tipo.


Al igual que México los países de América Latina tienen una larga historia de lucha por la despenalización del aborto. Así, la Marea Verde que nació en Argentina, inició con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que desde hace 15 ha presentado un proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hasta las 14 semanas de gestación, ante la Cámara de Diputados. En total ha presentado la iniciativa ocho veces desde el año 2007, con el apoyo de un amplio espectro de legisladores de casi todas las fuerzas políticas; y cada año con más mujeres y feministas. Hasta que, en 2018, por primera vez, se logró ingresar el debate al Congreso de la Nación, con la perspectiva de justicia social, salud pública y derechos humanos, con una histórica participación y presencia de las mujeres en las calles, escuelas, barrios, durante estos debates, aunque finalmente no fue aprobada en la Cámara de Senadores. Pero en 2019, las feministas a través de la Campaña reforzaron la movilización y trabajos y en estos días el nuevo presidente, Alberto Fernández, presentará la iniciativa de ley para reconocer la IVE en Argentina.


El derecho de las mujeres en México, en América Latina y el mundo, a acceder a servicios integrales de salud reproductiva, incluido el aborto, están en tratados, firmados y ratificados por México, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará); la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo (1994), y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Además del Consenso de Montevideo, el cual reconoce la laicidad del Estado como fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia y la eliminación de la discriminación contra las personas e insta a que los Estados modifiquen sus leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la IVE para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos y el embarazo infantil forzado.


Pese al gran avance internacional en derechos humanos, en pleno siglo XXI, las mujeres no gozamos de ciudadanía plena y nuestros derechos se encuentran en cuestionamiento y en riesgo constantemente, por representantes de gobiernos que en clara violación al Estado laico promueven discursos y legislaciones contrarias a los derechos humanos y a todo avance científico. Mientras crece el fantasma autoritario del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, de Donal Trump en Estados Unidos y el crecimiento y mayor presencia en decisiones de gobierno de las iglesias evangélicas conservadoras en México.


La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha demostrado que el feminicidio y otras violencias contra las mujeres sea un tema prioritario para su gobierno. Como lo ha resaltado GIRE, es urgente que el Estado mexicano se pronuncie a favor de la autonomía de las mujeres con la despenalización del aborto y que intensifique medidas para prevenir el embarazo adolescente, la violencia sexual y que resuelva la falta de acceso a anticonceptivos.


Aunque, afortunada y contradictoriamente, el mensaje que ha dado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, retoma esta demanda del movimiento feminista, al afirmar que se despenalizará el aborto en México.


Este 8 de marzo las calles de todo el país se vestirán de pañuelos verdes. Los gobiernos saben que hemos llegado a un camino sin retorno, porque las feministas movilizadas en la Marea Verde no pararán hasta que la legalización del aborto sea ley en México y en América Latina y el Caribe.


[*] Feminista, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

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