Partido Revolucionario de los Trabajadores
Sección mexicana de la IV Internacional

La militarización no garantiza seguridad sino represión

February 11, 2017

La militarización del país ha ido de la mano con la grave crisis de derechos humanos. A mayor militarización, mayor es el deterioro de los derechos humanos en nuestro país. Los militares no brindan seguridad, sólo reprimen sin respetar las leyes ni los derechos humanos. Por eso, en lugar de mantener a los militares en las calles, estos deben regresar ya a sus cuarteles. A nadie escapa que, a diez años de la supuesta “guerra contra el narcotráfico”, el país es hoy más violento que hace décadas. Si militarizar al país no es el camino adecuado para tener seguridad nacional (para ello se requiere empleos con sueldos dignos, educación y cultura para todos, igualdad, democracia y justicia social), mucho menos lo es intentar normalizar lo que hoy es irregular con una nueva Ley de Seguridad, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal, como la intervención del ejército y la marina en labores judiciales.

 

Frente a la posibilidad de que se imponga una Ley de Seguridad Interior de forma apresurada y opaca, organizaciones de derechos humanos han llamado a ampliar el debate incorporando todas las perspectivas, enfatizando lo siguiente:

 

"El diseño de una política de seguridad compatible con los derechos humanos es urgente y  necesaria. Pero esto sólo ocurrirá mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década."

 

Un importante conglomerado de ONGs de derechos humanos emitieron un comunicado donde señalan que una Ley de Seguridad Interior plantea un debate excluyente de las perspectivas de derechos humanos cuyo desenlace anunciado sería la adopción de una legislación que -sin solucionar la crisis de inseguridad y de corrupción que vive el país- constituirá una amenaza más grave para los derechos humanos. Actualmente, el Congreso de la Unión no cuenta con la facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución. Pero además, el artículo 21 de esa misma norma establece que la seguridad pública estará a cargo de autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en estos días se anunció. Por otro lado, la adopción de una Ley a partir de este concepto rector, incumpliría también con los tratados internacionales que México se ha obligado a respetar y garantizar. En ese sentido, vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Bajo esta lógica, es latente el peligro de que se apruebe una regulación que no sólo no incentive el fortalecimiento de las policías civiles, sino que incluso profundice el protagonismo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública sin que se generen adecuados mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas. Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército: lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó “impunidad institucional castrense."

 

 

¡No a la Ley de Seguridad Interior que legalice la militarización del país!

 

¡No a la Ley de Seguridad Interior que criminaliza la protesta social!

 

José Martínez Cruz, miembro de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y del PRT

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