Partido Revolucionario de los Trabajadores
Sección mexicana de la IV Internacional

Urge la movilización social ante la crisis de derechos humanos

August 12, 2019

 

La violencia feminicida imparable en Morelos llega al extremo de violar sexualmente y privar de la vida a una niña de 7 años de edad, masacres de jóvenes trabajadores, inseguridad y una impunidad que crece en medio de operativos de la Guardia Nacional e incapacidad del gobierno por dar respuestas claras a las desapariciones, el feminicidio, las alertas de violencia de género y el aborto. La movilización social es urgente para enfrentar una realidad compleja y cambiante que fue analizada en reunión del CC del PRT y que nos plantea nuevos retos y desafíos ante el gobierno actual. En el caso del movimiento de mujeres se vive un momento histórico de alza generalizada de la movilización, incluso con la recuperación y enriquecimiento de formas de lucha proletaria como la huelga (a propósito de la huelga de mujeres internacional o PIM). También un cambio cultural de época con la nueva generación feminista, y experiencias como las del Me too que modificarán incluso las relaciones entre hombres y mujeres, especialmente para las nuevas generaciones. Una reeducación global que está en curso.

 

Al mismo tiempo el movimiento de mujeres y feminista enfrenta nuevos retos ante los cambios políticos ocurridos con la llegada del nuevo gobierno de la supuesta 4T que por cierto no parece incluir entre sus preocupaciones a las mujeres. El feminicidio en México es una realidad terrible que muestra que, junto con la desaparición forzada de personas, la impunidad y la violencia general, existe una verdadera crisis de derechos humanos en México al límite. Algunos datos lo confirman: cada 2 horas y media es asesinada una mujer. Cada día son asesinadas 10 mujeres. Las cifras, oficiales, que registra el Secretariado Ejecutivo advierten que en el primer cuatrimestre del 2019, asesinaron a 1,199 víctimas por la violencia machista. Es decir, cada dos horas y media en promedio, una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una estadística que no disminuye a pesar de la gran movilización social. Por el contrario, los feminicidios en los últimos tres años aumentaron un 104% llegando a un total de 2, 560 casos. Indudablemente que el alza en el delito de feminicidio se origina en la impunidad.

 

Frente a esta situación hay 18 estados de la República que ya tienen Alerta de Violencia de Género, lo que suma 17 estados para 435 de sus municipios, 8 en Morelos. El acceso a la justicia es un tema pendiente pues sólo el 20% de las muertes violentas de mujeres es investigado como feminicidio, pese a que en los protocolos se exige que todas las muertes violentas sean investigadas como tal. 

 

Así, aun cuando se aprobara la mejor ley, esto sería infructuoso debido a las deficiencias del Estado de derecho y el sistema de procuración de justicia y la carga ideológica patriarcal y sexista. Tema que alimenta los debates sobre el balance en relación a las AVGs y por qué sus límites, incumplimiento de las medidas por parte de las instituciones y por qué no se frena la violencia feminicida.

 

Cada conquista en los derechos humanos de las mujeres y de la sociedad tiene que ser todo el tiempo defendido y ratificada porque ninguna es permanente. El Estado, mientras no hay cambio radical, de fondo, estructural, revolucionario, absorbe y fetichiza conquistas parciales si no hay una vigilancia y exigencia permanente, movilizada e independiente. Se necesita emprender todas las luchas por conquistar estos cambios, que queden registrados incluso en el terreno legal y constitucional, pero que el movimiento de mujeres, feminista y de derechos humanos requiere también preservar su independencia política con respecto al gobierno y su partido para continuar la lucha sin subordinarse a ritmos y necesidades institucionales. Esto es más claro en la medida que el movimiento está confrontando tanto las políticas neoliberales del capitalismo contemporáneo como al mismo tiempo a sus estructuras patriarcales. Esta problemática está presente también en el reclamo de control del cuerpo de las mujeres por las propias mujeres y no por el Estado, ni la Iglesia y su institución matrimonial.

 

Históricamente, el movimiento feminista y de mujeres ha luchado para despenalizar el aborto, ya que el aborto inseguro y clandestino sigue siendo una de las principales causas de muerte entre mujeres y niñas. Las cifras demuestran que en México 54% del total de embarazos no planeados terminan en abortos inducidos, 34% en nacimientos no planeados, y 12% en abortos espontáneos. Además que una de cada cuatro mujeres muere por no tener acceso a un aborto legal y seguro. Asimismo, el embarazo no planeado tiene el rostro de miles de adolescentes y niñas, la mayoría de ellas pobres, jóvenes, indígenas, trabajadoras, hecho que visibiliza y saca a la luz la desigualdad e injusticia social y coloca el tema como un asunto de salud pública y de derechos humanos.

 

Los desaparecidos. Según la Comisión Nacional de Búsqueda en México hay constancia de 40,180 personas desaparecidas. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizada hasta abril del 2018, hay un total de 36, 265 personas desaparecidas de las cuales 29, 938 son hombres y 9, 327 mujeres (el 25.7%). Está bien la creación de la Comisión de investigación de la verdad para el caso de los 43 de Ayotzinapa (el Comité Eureka, por cierto, exige también una comisión de la verdad para los demás casos de desaparecidos políticos) pero ahora debe demostrar su eficacia para no quedar simplemente en un gesto.

 

Además de la responsabilidad histórica, enfrentan ya una obligación legal e institucional: buscar a los desaparecidos con vida debe ser una prioridad de la Comisión de Búsqueda y no permitir que las huellas de la memoria desaparezcan. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que no prescribe hasta lograr esclarecer los hechos, localizar a los desaparecidos, identificar a los culpables y sancionarlos, para que haya verdad, justicia, no impunidad, reparación del daño, reconocimiento institucional de la responsabilidad del Estado y establecimiento de garantías de no repetición. En Morelos estaremos pendientes y con el compromiso de impulsar esta lucha mediante la movilización, organización y la participación con las familias en el mecanismo de búsqueda y localización de todas las personas desaparecidas, hasta lograr su presentación con vida, como lo hemos demandado desde la desaparición forzada de nuestro camarada José Ramón García Gómez hasta la fecha. Que la indiferencia no normalice la violencia. Porque amamos, luchamos.

 

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