A 3 AÑOS DE LAS PRESIDENCIALES: NUEVA DERROTA DE LA DERECHA Y DESGASTE DE MORENA.

Las elecciones intermedias del pasado 6 de junio del 2021 confirman lo previsto en cuanto a lo principal de los resultados, pero también apuntan sobre lo que se viene para la elección presidencial del 2024. En las votaciones de este año, los partidos de la derecha, especialmente representados por la coalición PRI-PAN-PRD, nuevamente fueron rechazados, como en julio del 2018. Los resultados electorales ampliamente difundidos comprueban su derrota, especialmente en las elecciones para 15 gubernaturas, pero también en las legislativas. Pero de nuevo, así como en 2018 vimos el voto del hartazgo contra el PRIAN como lo determinante más que el apoyo a Morena como partido, en las intermedias del 2021 la derrota de los partidos de la derecha no ocultó el desgaste, división interna e incluso baja de la votación de Morena y los partidos aliados a López Obrador.


La contradicción anterior tiene que ver con la falta de alternativas entre la derecha y el progresismo tardío del nuevo gobierno que, pese a su retórica antineoliberal, no abandona los proyectos centrales del neoliberalismo ni la militarización ante la crisis de derechos humanos. Obviamente los resultados, más allá de las lógicas normales de elecciones intermedias, se ubican también en la convergencia de la crisis sanitaria y la crisis económica, que no encuentran una solución en el terreno electoral debido a la crisis previa del sistema político electoral y de los partidos desde antes del 2018. Por el contrario, en vez de una confrontación clara de proyectos político partidarios, las elecciones del 2021 representan el banderazo de salida hacia la sucesión presidencial del 2024. Las disputas del gobierno con la derecha tienen que ver con la disputa por la Presidencia en 2024. Pero sobre todo las disputas por la sucesión presidencial se ubican en la posibilidad o no de que el gobierno de AMLO consolide efectivamente un nuevo régimen político transexenal y no quede como “flor de primavera” durante un solo sexenio. Y esta disputa es la más relevante por la pugna interburguesa (por dentro y fuera del gobierno) para saber qué sector de la clase dominante se convierte en hegemónica en la perspectiva de un régimen transexenal.


La derrota de la derecha


Destacar esta derrota es importante porque se ha generado cierta confusión sobre las posibilidades de la derecha. Una lectura parcial de experiencias sudamericanas como las del PT en Brasil, tienden a presentar el ascenso de la derecha como un giro de la sociedad y fuerza del discurso racista, clasista, reaccionario de la derecha, subestimando las responsabilidades, contradicciones y límites del progresismo como explicación. Adicionalmente, tanto por parte del gobierno como de la derecha se ha contribuido a una polarización política que pretende agotar las opciones políticas solamente a ellos dos. El gobierno, con la explicación binaria a la que prefiere recurrir AMLO, de la disputa política entre “conservadores y liberales”, como en el siglo XIX, o entre “la derecha y el progresismo”. Pero la disputa entre “fifís y chairos” también es alimentada por la derecha con su discurso de desprecio clasista y su obsesión contra el gobierno de AMLO acusándolo de “comunista, chavista o castrista” y responsabilizándolo de todo lo malo que pueda suceder. Ambas explicaciones solamente buscan conseguir mayores votos y apoyos recurriendo al miedo al otro.


Por el lado del progresismo, como ya lo hemos visto en otros casos en América Latina, se plantea el chantaje de que si no se apoya incondicionalmente al gobierno progresista, supuestamente se ayuda a la derecha. Y como la derecha ha exagerado su discurso con sus sueños de que pueden tirar al gobierno de AMLO, el chantaje progresista es que si no les apoyas favoreces las intenciones golpistas de la derecha. La ratificación en 2021 de la derrota que la derecha vivió en 2018 confirma que en México no existe todavía ese peligro golpista. La derecha está profundamente derrotada y no tiene base moral y social suficiente para sustituir al progresismo tardío del gobierno de AMLO. Su discurso mediático es ciertamente muy agresivo y constante, pero sin mayor base social. Y aunque algunos de sus voceros añoran ante el fracaso de sus partidos, el apoyo militar o el de una intervención extranjera (como se reflejó hace un par de años en una conversación filtrada entre empresarios y voceros derechistas) es evidente que por la contradictoria política progresista pero continuadora del neoliberalismo del gobierno de AMLO, éste cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas como un sostén fundamental, así como una relación pragmática con el gobierno de EU, tanto el de Trump como el de Biden, que no supone ningún conflicto importante, especialmente con la firma del TMEC, la nueva versión del TLC.


Por eso decimos que las elecciones de junio del 2021 confirmaron la derrota de los partidos de la derecha. Pese a los discursos triunfalistas de todos los partidos (y del INE) después de las elecciones, sectores de derecha del PAN, como Pablo Emilio Madero, han declarado que hay que decir la verdad y admitir que fueron derrotados. No solo electoralmente, agregaría, sino porque no han logrado configurar un discurso propio que no sea simplemente el de su oposición al gobierno de AMLO.


De los 15 estados donde hubo elección para gobernadores, el PAN solamente ganó dos, Chihuahua y Querétaro que históricamente son bastiones de la derecha.


El PRI no ganó ningún nuevo estado de la República y además perdió algunos donde no había habido alternancia y el PRI gobernó siempre, por ejemplo Colima y Campeche. La derrota del PRI en Campeche es significativa, aunque la haya ganado Morena con una candidata de abolengo priísta como Layda Sansores, hija del ex presidente nacional del PRI, Carlos Sansores Pérez. El actual presidente del PRI, Alejandro Moreno no solamente es de Campeche sino que es el gobernador saliente de Campeche, aunque con licencia. Colima siempre fue gobernado por el PRI y en ese sentido su derrota también es histórica aunque también la candidata ganadora de Morena, Indira Vizcaíno, haya sido funcionaria del último gobierno priísta de la entidad. En Sonora, aunque ya ha habido antes gobiernos panistas, en esta elección el PRI no pudo retener la gubernatura y perdió frente a Morena con la candidatura de Alfonso Durazo, versátil secretario primero de Colosio y luego de Fox antes de su conversión al lopezobradorismo. En esta elección, el PRI no pudo retener 8 gubernaturas y no ganó ninguna nueva. Le quedan en todo el país solamente 4 gubernaturas que el año próximo estarán en disputa: Coahuila, Estado de México, Hidalgo y Oaxaca. Son viejos baluartes del control priísta, pero en las elecciones legislativas federales ya perdió en varios -como Oaxaca- ante Morena.


El otro aliado de la coalición del PRIAN es el PRD. Su derrota también es estrepitosa. No solamente no ganó ninguna de las gubernaturas sino que, como el PRI, no pudo retener el único gobierno estatal que contaba: el del muy desprestigiado gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán. Al perder Michoacán, el PRD ya no gobierna ningún estado de la República. A nivel general los datos muestran que si se viera la votación obtenida en las legislativas por estado, el PRD pierde el registro local en muchas entidades por no obtener el mínimo del 3 por ciento de las votaciones. Es el mecanismo derivado de la coalición con el PRIAN y la distribución de los votos y porcentajes acordados por la coalición lo que le permite mantener el registro como partido a nivel federal y contar con diputados por la vía de la representación proporcional.


El caso de Nuevo León ganado por Movimiento Ciudadano es un caso aparte. El triunfo de Samuel García, cuya candidatura por MC es muy representativa de ciertos sectores empresariales de Monterrey (algunos de los cuales apoyaron antes a AMLO) con una visión muy reaccionaria, clasista y regionalista, evidenciada por la mirada de García después de su triunfo primero que nada hacia Estados Unidos. Es ilustrativo del protagonismo político que algunos sectores burgueses quisieran alcanzar ante el desgaste y fracaso de los partidos de derecha tradicionales, como el PAN y el PRI. Es significativo que García sustituirá como Gobernador al “Bronco”, un antiguo priísta navegando con bandera de “independiente” expresión también del interés de protagonismo patronal ante el fracaso de sus partidos tradicionales. La gran derrotada en esta elección es Clara Luz Flores, la candidata de Morena. La candidata de Morena quedó en cuarto lugar, después de MC, el PRI y el PAN. Morena, como en otros estados, apostó a presentar una candidatura proveniente del PRI, como lo ha sido siempre Clara Luz Flores que alternando con su marido Abel Guerra han sido varias veces presidentes municipales por el PRI en el municipio de Escobedo, Nuevo León. De nada sirvió el apoyo de Morena y del propio AMLO a Clara Luz, así como la denuncia contra las prácticas fraudulentas del PRI en NL, enderezadas por el propio Presidente de la República, López Obrador. Presentaron a una priísta como candidata de Morena y consiguieron que Movimiento Ciudadano pretenda presentarse como opción entre el PRIAN y Morena para las presidenciales del 2024. Otra opción burguesa que alegará contar con el gobierno de los estados de Jalisco y Nuevo León simultáneamente (con Alfaro y García), así como con las respectivas capitales Guadalajara y Monterrey (que en este caso ganó como candidato de MC, Luis Donaldo Colosio el hijo) Ya dicen que serán la “tercera opción”, que si no consolida una candidatura para el 2024 tipo Alfaro o García, puede ser también la plataforma de alguna de las precandidaturas perdedoras en Morena, desde Tatiana Clouthier hasta …Ricardo Monreal. La habilidad del antiguo dirigente de MC, Dante Delgado, ha sido precisamente acomodarse en estas situaciones que le permitan proyectar a su partido sin compromisos programáticos firmes.


Un caso especial, también como parte de la derrota de la derecha, es la nueva cancelación del registro del PES. Aunque el PES ha sido en 2018 y en 2021 aliado permanente de López Obrador y por tanto de Morena, en el escenario político mexicano representa el partido de la ultraderecha. En el ejemplo brasileño, el PES partido confesional, ligado a los evangélicos, desconocido antes del 2018, es similar a lo que representaba Bolsonaro antes como un diputado poco conocido que es proyectado nacionalmente a la Presidencia en medio de la crisis del PT. Pero el problema con el PES es que, más parecido a Temer como Vicepresidente de Dilma Rouseff, es un aliado del gobierno de AMLO y con las elecciones del 2018 fue proyectado con un número de legisladores y su presidente Hugo Eric Flores, nombrado por AMLO como superdelegado en Morelos (precisamente cuando en medio de la lucha de Huexca contra el PIM, Samir Flores fue asesinado después de una confrontación en asamblea con este superdelegado). En la elección del 2018, sin embargo, perdió el registro legal como partido aunque ya había asegurado algunas posiciones. En 2021 intentó recuperar el registro pero nuevamente lo ha perdido por no alcanzar el mínimo legal de votos necesario. Aunque mantiene influencia en el gobierno de AMLO su derrota elimina uno de los mayores riesgos de desarrollo de la ultraderecha en México y puede anotarse a la derrota general de la derecha en junio de 2021. El caso, por cierto, ilustra el sofisma de que la polarización está entre la derecha y el gobierno de AMLO pues una parte de la derecha está con el gobierno, incluso el partido más a la derecha, el PES.


Morena con mayoría legislativa pero no “calificada”.


Como también previmos en este terreno (ver el artículo “Elecciones sin alternativa”), Morena logró mantener la mayoría en la Cámara de Diputados, aunque sin obtener la mayoría calificada que se requiere para hacer reformas constitucionales por sí sólo. Dijimos que, como siempre, en las elecciones intermedias aumenta la abstención en comparación con la presidencial. Pero no fue así. Por primera vez en una elección intermedia, en 2021 disminuyó en vez de aumentar la abstención en comparación con otras previas del mismo carácter. En realidad esto ocurrió por la concurrencia con las 15 elecciones de gubernaturas estatales y las miles de elecciones municipales y de congresos locales. Es parte del proyecto para hacer las elecciones coincidentes en el tiempo en todo el país para ahorrar costos. Por primera vez se logran hacer concurrentes en tantos estados que la convirtieron, como frecuentemente se dijo, en la elección más grande de la historia de México por el número de cargos de elección. De manera que las del 2021 no fueron solamente “intermedias” legislativas sino simultáneas con locales y municipales que aumentaron el interés en participación que siempre se vieron disminuidas cuando eran sólo para diputados federales.


Pero independientemente de que la abstención no hubiera sido como otras elecciones intermedias, a nivel político y no solo al nivel cuantitativo de los votos, sí se dio el cambio previsto. Es decir, aun con la disminución de la abstención la participación electoral quedó lejos de los 30 millones de votos por AMLO en 2018. Efectivamente Morena mantuvo la mayoría pero no solamente no refrendó los 30 millones de votos por AMLO (que siempre es difícil en las intermedias) pero tampoco concitó el entusiasmo y expectativa de cambio que rodeó al 2018 (en 2018 la participación fue del 63,2%). Mantuvo la mayoría a pesar de las decepciones, críticas y cuestionamientos al funcionamiento de Morena como partido y la definición de sus candidaturas por medio de “la encuesta”.


El que Morena no hubiera obtenido mayoría calificada es el argumento de la derecha, especialmente del PAN, para su discurso triunfalista de que supuestamente frenaron a Morena y lograron establecer contrapesos. El argumento es relativo. Morena mantuvo la mayoría y puede hacer aprobar reformas legales parciales e incluso el presupuesto. No tiene mayoría calificada para reformas constitucionales sólo. Pero, ¿el gobierno de AMLO realmente está interesado en lograr radicales reformas constitucionales?. En el imaginario popular, el triunfo de AMLO en 2018 y su discurso antineoliberal implicaría que realmente avanzaría a abrogar las reformas neoliberales de Peña Nieto, destacadamente la reforma educativa y la reforma energética, contra las cuales ha habido permanentes luchas y movilizaciones. Y sin embargo, en el primer trienio de su gobierno mantuvo su discurso contra el neoliberalismo pero no eliminó las reformas neoliberales, sobre todo las más graves, las de Peña Nieto. Como vimos en meses previos a la elección optó por reformas parciales, como la de la Ley de la Industria Eléctrica que ha sido impugnada por sectores empresariales, incluso extranjeros, amparados en que la reforma energética permite la privatización y la reforma de AMLO al pretender fortalecer a la CFE representa “competencia desleal”. Como hemos dicho antes, la opción de fondo desde el inicio del sexenio tendría que haber sido la reforma constitucional para acabar con la reforma energética (ver “Hoy como ayer, acabar con la reforma energética”). Pero no hacerlo ha significado una decisión política pues da la casualidad que con los legisladores de los partidos aliados al gobierno, Morena ha tenido en esta Legislatura la mayoría calificada para hacer esa reforma constitucional ¿por qué no se hizo cuando se pudo? ¿Acaso para mantener un pacto no escrito de transición que no rompe con lo esencial de los gobiernos neoliberales? Si no se hicieron esas reformas constitucionales cuando se podían ¿qué hace suponer que al final del gobierno de AMLO estaba dispuesto a hacerlo y quería asegurar la mayoría calificada para lograrlo en el momento más difícil, es decir en las intermedias?


El PAN cree que logró frenar a Morena al no conseguir la mayoría calificada pero el Presidente tiene mayoría en el Congreso y para sus planes (que no incluyen echar abajo las reformas neoliberales) no necesita la mayoría calificada. Entre las reformas que anuncia son sólo parciales o si acaso reformas constitucionales en donde se propondría dividir en definitiva al PRI consolidando un ala colaboracionista o si no, hacer caer la responsabilidad a los partidos de la derecha de que no logra esas reformas como instrumento de propaganda para las elecciones del 2024.


Quizá es como la consulta popular del 1 de agosto en que eventualmente no se alcanza el mínimo de votos necesario para que el resultado de la consulta sea vinculante y por tanto no se hace el juicio político a los expresidentes. AMLO ha dicho que lo del juicio no es por él y un supuesto deseo de venganza, sino que sea “el pueblo el que decida”. Ese resultado por tanto no implica una ruptura con los expresidentes, pero sí otra herramienta de propaganda para las elecciones del 2024 e ir recuperando terreno para Morena. Lo anterior no elimina la necesidad de conectar con el imaginario popular que desde el 2018 piensa que realmente este gobierno quiere acabar con el neoliberalismo, como explicamos en la declaración respectiva del PRT sobre la consulta.


Las 3 iniciativas de AMLO


Viendo ya los resultados de las elecciones intermedias, AMLO ha anunciado su intención de tres reformas centrales que de diversas maneras confirman una continuación del proyecto neoliberal, aunque parezcan ofensivas de luchas contra la derecha.


Según dijo serían, en primer lugar, otra reforma sobre la cuestión energética, para fortalecer a la CFE, en la lógica de la planteada para la Ley de la Industria Eléctrica en pleito en la Suprema Corte sin llegar a la abrogación de la reforma energética. En segundo lugar, colocar a la Guardia Nacional bajo el control de la SEDENA. Y en tercer lugar la reforma electoral, que implica la reforma del INE y la supresión de las diputaciones de representación proporcional (las listas plurinominales).


Para la cuestión energética si algo se propusiera reformar de la Constitución sin acabar con la reforma de Peña Nieto, implicaría buscar acuerdos en el Congreso, sobre todo con el PRI (al cual ya se lo planteó públicamente) para conseguir la mayoría calificada. Para algunos analistas ligados a los organismos empresariales es una señal de que en la segunda parte del sexenio AMLO será más “amable” con la iniciativa privada en este terreno. O como parte de la preocupación que algunos expresan de tratar de reganar a la “clase media”. Si no la consigue se usará como propaganda contra la derecha en la perspectiva de las elecciones del 2024. El propio AMLO ha dicho que aunque no tenga la mayoría calificada está obligado a proponer la reforma constitucional para “no parecer que soy cómplice”. El 10 de junio, inmediatamente después de las elecciones, anunció las 3 iniciativas poniendo énfasis en la relativa a la cuestión energética al mismo tiempo que aseguraba a empresarios reunidos en el Consejo Mexicano de Negocios que no se les aumentarían impuestos. “Quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar ninguna acción que afecte al sector privado, al contrario, estamos poniéndonos de acuerdo para trabajar juntos y seguir avanzando en cuanto al desarrollo del país” dijo AMLO. Por separado, pero el mismo día, anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica, más allá si los partidos aliados a Morena cuentan con la cantidad de diputaciones suficiente para hacer una mayoría calificada y se pueda concretar esta modificación “sería una irresponsabilidad de mi parte no hacerlo” afirmó. En la mañanera de ese día dijo que las iniciativas “sí son necesarias, las voy a presentar, aun cuando no pasen o las rechacen”.


El sentido político de esta operación lo dejó claro al decir: “Voy a mandar la iniciativa y no va a haber mayoría calificada. ¿Quiénes asumen la responsabilidad? Pues los legisladores que van a rechazarla, en el caso que sucediera así. Entonces, queda de manifiesto que no son representantes populares, que son representantes de grupos de intereses creados”.


En la mañanera del 14 de julio AMLO explicó que esta iniciativa otorgará a la CFE la capacidad de producir y distribuir el 54% de la demanda nacional de energía y el resto (46%) el sector privado. Detalló que “vamos a plantear que el Estado pueda hacerse cargo de 54 por ciento del mercado nacional. Ahora la Comisión Federal puede aportar 35 por ciento y tiene capacidad para mucho más, pero sus plantas están paradas o subutilizadas porque no les permiten el despacho”. Para asegurar que la reforma queda en el marco de la reforma privatizadora agrega “vamos a modificar la Constitución para que 54 por ciento sea abastecido por la CFE y 46 por ciento para la iniciativa privada. No es desplazar al sector privado, es poner orden, porque no se le puede dar el mismo trato a Repsol o a Odebrecht que a la CFE. Es darle un trato especial a la CFE porque, si no, es sancionada y se le considera monopolio por el instituto de la competencia, que defiende a las empresas particulares”. Porque previamente señala que “los órganos que crearon con la reforma energética están por encima de la autoridad de las empresas públicas, por encima de Pemex y por encima de la CFE”


La reforma para colocar a la Guardia Nacional bajo las órdenes de la SEDENA es más grave y puede conseguir el apoyo de la derecha pues está en la lógica de la militarización que desde Calderón, especialmente, han desarrollado los sucesivos gobiernos. Cuando se creó la GN una parte sustancial del debate fue que era la continuación de la militarización en la seguridad pública. En ese entonces, el gobierno insistió en que la GN sería un organismo civil, dirigido por civiles (primero Durazo y luego Rosa Icela Rodríguez como titulares de la Secretaría de Seguridad Pública). Las consultas en “parlamento abierto” fueron una burla pues aunque la mayoría de los participantes se opusieron a la militarización, el resultado fue que la GN quedó a cargo de militares (aunque los titulares de la SSP fueran civiles) y se integró por elementos de la Policía Federal y elementos del ejército. La decisión iba en sentido opuesto al reclamo del movimiento de derechos humanos que desde dos sexenios atrás reclamaba el regreso del ejército a sus cuarteles y no a la seguridad pública y que en algún momento de su campaña el propio AMLO apoyó en sus discursos. La reforma que anuncia ahora AMLO es quitar ya toda fantasía sobre el control civil de la GN y ponerla abiertamente dentro de SEDENA. Los mandos del ejército han declarado que, de hecho, han tenido siempre el control de la GN y solo en cuestiones administrativas la SSP interviene. Es factible que la reforma de AMLO en este terreno consiga la mayoría calificada pues la militarización de la seguridad pública siempre fue la línea de la derecha neoliberal. Esta militarización, por otro lado, es acorde con la orientación seguida por AMLO ya no sólo en la presencia de las fuerzas armadas en las calles, sino también ocupando posiciones que antes eran de civiles, por ejemplo en el control de puertos y en la realización de obras como el aeropuerto de Santa Lucía y tramos del llamado Tren Maya.


La tercera iniciativa también es grave y agitada desde antes por la derecha aunque nunca se atrevieron a proponerla abiertamente en el terreno legislativo por ser profundamente reaccionaria: la supresión de las diputaciones de representación proporcional. Esta medida es parte del paquete de reforma electoral que incluye, sobre todo, el control o desaparición del INE. AMLO dice que se trata de convertir al INE en un órgano independiente que no sea controlado por la derecha para atacar al gobierno. El problema con estas reformas es que se piensan en función del interés de quien está en el gobierno actualmente. Es cierto que todo el discurso del periodo neoliberal sobre la “ciudadanización” es un sofisma porque no existen los ciudadanos “puros” sin posiciones políticas o ideológicas y menos el discurso neoliberal que contrapone ciudadanos a políticos. Peor aún pretender encontrar “ciudadanos” no interesados en la política ni comprometidos con la política y sin posición política que, sin embargo, deben organizar los procesos electorales de un país. Imposible. Por eso la integración del Consejo del INE con ciudadanos que no sean de partidos ha resultado una simulación pues al ser electos por la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios negocian cuotas de ciudadanos para cada bloque parlamentario. Pero la tentación de acabar con el INE dirigido por un Consejo de “ciudadanos” es regresar al viejo periodo priísta en que era el gobierno, por medio de la Secretaría de Gobernación, quien controlaba el proceso electoral. Sale peor el remedio que la enfermedad. Es miopía política o falta de visión de Estado el hacer el cálculo hoy desde el control del gobierno actual (para quitárselo a la derecha que critica al gobierno) pensar que lo ideal es que el gobierno controle el proceso electoral subestimando el que en una o dos elecciones presidenciales más eventualmente el partido en el gobierno puede cambiar y le habrás dado a otro partido el control de proceso contra ti mismo.


Suprimir los plurinominales es también la tentación regresiva a los tiempos del PRI del “carro completo” del control absoluto -ahora sí de mayoría calificada- de los órganos legislativos. La Cámara controlada por el Ejecutivo. La “época dorada” del PRI antes de la Reforma Política de 1978. ¿Sería volver a la época priísta sin PRI o con un PRI reconvertido en Morena? Producto especialmente de las luchas en México desde 1968, el PRI se vio obligado a hacer la Reforma Política que permitió a la oposición de izquierda tener acceso a la Cámara, aunque fuera en forma minoritaria, por medio de la representación proporcional. Antes de eso, el llamado “sistema de partido único” implicaba que todos los Senadores eran del PRI y prácticamente toda la Cámara de Diputados. El 68 puso en crisis el sistema político y especialmente la elección presidencial de 1976 donde López Portillo fue el único candidato registrado (pues por primera vez el PAN no pudo presentar candidato por su propia crisis). La candidatura de Valentín Campa del PCM y apoyada también por nosotros fue una candidatura sin registro que por tanto no aparecía en las boletas electorales y no podía ser contabilizada pero que hizo evidente la farsa del sistema electoral. La Reforma Política, entonces, tuvo que reconocer la existencia de otras fuerzas políticas, especialmente de la izquierda, que estábamos fuera de la institucionalidad o incluso en la clandestinidad. El sistema de representación proporcional implica que reconoces la existencia de otras fuerzas, otros partidos, con el peso proporcional que tengan. El sistema uninominal lleva a la situación que un partido puede tener la mayoría en todos los distritos y otro partido puede estar en el segundo lugar en todos esos distritos y aunque representara el 49 por ciento de todos los votos no tener representación e el Poder Legislativo y otorgar al primero la totalidad de los escaños (como en realidad sucedía antes de la Reforma Política). O sea que al representar a un solo partido, el Poder Legislativo excluía antidemocráticamente la representación de cualquier otro partido. Como si ese partido tuviera el 100 por ciento de los votos. Por eso nuestra posición ante la Reforma Política era que el Poder Legislativo se integrara sólo por la vía proporcional, lo cual, por supuesto, priorizaba la representación partidaria (y no como ahora con el neoliberalismo que se prioriza al individuo, la candidatura individual, no importando el partido y el programa y favoreciendo el oportunismo y el chapulineo de un partido a otro). Al final, lo que se impuso fue un sistema mixto de integración parlamentaria por la vía directa y proporcional, 300 diputados por mayoría directa y 100 (ahora son 200) por la vía proporcional. El PRI calculó tener la mayoría de la Cámara por la vía de los 300 y dejar a toda la oposición los de representación proporcional de manera que ni uniéndose los 100 (o 200) le ganaban. A partir de 1988, el PRI perdió la mayoría absoluta de los distritos y la situación cambió. De nuevo, en esta visión cortoplacista, AMLO piensa que si hoy su partido y gobierno tiene la mayoría absoluta en el Congreso, no necesita la representación proporcional. De esa manera se volvería al PRI de la época de Echeverría en que sin tener representación de partidos de oposición, el PRI tenía el control absoluto del Legislativo. Reconvirtiendo por supuesto a Morena en el nuevo PRI. Si a eso le sumas la reforma que permite la reelección consecutiva de los legisladores (que se aplicó por primera vez en esta ocasión) en el futuro inmediato consolidarías una casta legislativa inamovible de un solo partido.


Más allá de la demagogia superficial que se hace sobre el desprestigio -bien ganado- por los partidos institucionales y el gasto que representan y los partidos “familiares” o partidos de temporada electoral como se ha degradado el sistema político electoral, la propuesta de suprimir la representación proporcional es tan antidemocrática que hasta algunos fervientes lopezobradoristas, como John Ackerman, se han pronunciado en contra. En realidad como hemos señalado antes (ver “Elecciones sin alternativa”) ciertamente se requiere una nueva reforma político electoral para imponer la representación proporcional completa y cambiar el sistema de partidos sacando el tema del dinero del reconocimiento de los partidos. Es decir el reconocimiento legal de los partidos en función de sus programas ideológicos y políticos diferentes con personalidad jurídica y derecho a participar electoralmente pero sin otorgar financiamiento por este hecho. Es decir tener partido por acuerdo político y no por el dinero que vas a recibir como partido.


La crisis de todos los partidos y la reforma electoral


Medidas como la supresión de la representación proporcional tienen eco en discursos demagógicos contra los partidos e incluso contra la política por la crisis y degradación a que ha llevado el neoliberalismo al conjunto del sistema de partidos y del sistema electoral. Relevantemente por el dominio del dinero en la vida de los partidos y la política y el paradigma individualista del neoliberalismo que plantea que lo importante es el carisma y la personalidad de la candidatura individual y no el programa o el partido. Esto ha llevado a un profundo descrédito de los partidos y la política que alimenta, ante la ausencia de una referencia fuerte auténticamente de izquierda revolucionaria y socialista, el antipartidismo y la antipolítica (lo que paradójicamente mantiene, por default, al sistema corrupto y decadente de partidos actual).


La crisis del sistema de partidos y del sistema electoral y el repudio popular al mismo en realidad tuvo su punto más alto al final del sexenio de Peña Nieto. El grito de Ayotzinapa “Fue el Estado” coreado por cientos de miles expresaba este sentir, originado en las maniobras de Peña de hacer cambios de presidentes municipales y gobernador en Guerrero, como si eso resolviera el problema. El grito de “Fue el Estado” se parecía al grito en Argentina que decía “que se vayan todos”. También se expresó cuando el temblor del 19 de septiembre de 2017 en que la solidaridad popular con los damnificados advertía de que no dieras tu apoyo a los partidos y gobiernos porque se lo robaban, sino que lo dieras directamente a los damnificados. Por eso hemos insistido que el voto “del hartazgo popular” de julio de 2018 contra el PRIAN y gracias al cual llegó AMLO a la Presidencia no fue prueba de la vitalidad del sistema electoral (y del INE) sino expresión de la crisis de ese mismo sistema. Es decir, AMLO llegó a la Presidencia no porque el sistema fuera democrático sino porque estaba en profunda crisis y tuvieron que admitir que si imponían un nuevo fraude (como el que tenían preparado) habría una explosión popular (que ya se había anunciado con explosiones parciales como las de Ayotzinapa, el gasolinazo y otras) y que era mejor aceptar la oferta de AMLO de una transición pacífica (es decir pactada) ya que él mismo advertía que no podría controlar nuevamente “al tigre”. Como después de julio de 2018 no se hizo nada en relación al sistema electoral, la crisis se hizo evidente al entrar al proceso electoral del 2021 con el conflicto entre el INE y el gobierno federal.

Pero en el mismo proceso electoral y con los resultados que hemos comentado antes se ha hecho evidente la crisis de los partidos políticos.

Morena llegó a la votación con 12 sedes en distintas ciudades tomadas por miembros de ese partido protestando por las candidaturas “impresentables” que había impuesto “la consulta”.


El PRD también llegó al 6 de junio con una huelga de sus trabajadores en el edificio central de la calle de Benjamín Franklin en CDMX que lo tenían tomado y cerrado exigiendo el pago de sus salarios.


El PRI, además del costo de haber perdido todas las gubernaturas en juego en esta elección, por lo mismo detonó una crisis interna en forma pública. Un grupo dirigido por Ulises Ruiz el antiguo gobernador de Oaxaca (¿lo recuerdan, cuando la lucha de la APPO?) y por la ex diputada Nayelly Gutiérrez Gijón, instalaron un plantón en la sede nacional del PRI ubicada en Insurgentes en la CDMX, impidiendo la entrada o salida, exigiendo la renuncia de Alejandro Moreno, Presidente del PRI responsabilizándolo por las derrotas que sufrieron en las recientes elecciones. El evento provocó un zafarrancho con enfrentamientos a golpes y balazos con saldo de varios heridos. La acción típica de grupos porriles del PRI es denunciada como responsabilidad de uno u otro grupo. Lo interesante es que ambos grupos se acusan de estar subordinados a López Obrador y Morena. Para la dirección nacional y legisladores electos que cierran filas con Alejandro Moreno les parece obvio que Morena supuestamente les envió el grupo de choque a tomar el PRI para debilitarlos frente al gobierno. El conflicto obviamente tiene que ver con la derrota del PRI en las elecciones y las que siguen el año próximo con las últimas gubernaturas que les quedan, así como la huida de cada vez más priístas a Morena para reconvertirse allá y seguir en el poder como la revista Proceso 2331 titula el reportaje sobre esta crisis del PRI: “una sensación recurrente de extinción”.


Pero lo que es más interesante es el contenido de la denuncia que hace Ulises Ruiz contra “Alito”, el Presidente del PRI, que habla del pacto que desde julio de 2018 hemos señalado que tomó forma con la aceptación del triunfo de AMLO. Según la entrevista de Proceso, Ulises Ruiz dice:


“Y abunda que existe un ‘pacto de impunidad’ por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador no toca a Enrique Peña Nieto, mientras que Alejandro Moreno no toca al mandatario. También afirma que 10 gobernadores priístas operaron a favor del hoy presidente de la República en 2018 y, finalmente, que hay una conducta ‘obsequiosa’ de los legisladores del PRI con las iniciativas del Ejecutivo”


Sobre esta colaboración del PRI con el Ejecutivo el señalamiento es que el conducto para seguir haciéndolo en la Cámara de Diputados será el recién reelecto diputado y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, quien será el coordinador parlamentario en la próxima legislatura quien ya en esta crisis aparece junto a Alejando Moreno en el respaldo institucional. En ese papel es quien responde “obsequiosamente” a la declaración de AMLO que considera posible tener mayoría para sus iniciativas si logra el acuerdo con el PRI en la Cámara. Moreira, por cierto, es esposo de Carolina Viggiano, actual secretaria general del PRI y son parte de las 4 familias que según Ulises Ruiz se repartieron las diputaciones plurinominales con sus familiares y amigos.


Antes de la votación en que el PES perdería su registro, su presidente Eric Flores, haciendo cuentas alegres empezaba a poner distancia de su alianza con AMLO diciendo que en la crisis y reconversión de los partidos a futuro el PRI y el PAN deberían desaparecer para reconvertirse. El PRI reconvertirse en Morena y el PAN reconvertirse en el PES que, decía el, es el verdadero partido de derecha. Obviamente el cálculo no le resultó pero efectivamente habla del proceso de transformación que está ocurriendo en el horizonte de los partidos en México. Extrañas alianzas (antes del neoliberalismo) como las del PRI, PAN y PRD, apuntarían a la fusión en un nuevo partido. Es lo que hace un par de años ya discutía el PRD si cambiar su nombre y fusionarse con otras fuerzas. Ideológicamente el que va siendo el centro de este posible reagrupamiento es el PAN pues los otros se van acomodando al programa derechista del PAN.


Como una reivindicación del pasado echeverrista cada vez mayor, no es casualidad la postulación de tantas candidaturas priístas por parte de Morena sino también expresión de la evolución de ese partido. Con las reformas legales mencionadas (la reelección consecutiva y la supresión de los plurinominales, así como la pretendida desaparición del INE) la evolución apunta a un nuevo partido de Estado, como lo fue el PRI durante décadas, que controla todo y donde todas las fuerzas políticas y de clase se expresan. Un partido de “todo el pueblo”, como también se declaraba el PCUS. Y el dominio de la ideología de “la revolución mexicana” contra la que luchaba Revueltas que subordinaba a todos, incluida a la izquierda que se reclamaba socialista y comunista al PRI, y que buscaban siempre conseguir candidaturas “de izquierda” pero dentro del PRI.


Y por supuesto, está la crisis de Morena, incluyendo las definiciones de AMLO contra el feminismo, la diversidad sexual y los movimientos ambientalistas. Pero además de las contradictorias posiciones políticas de un gobierno de “progresismo tardío” que mantiene líneas centrales del neoliberalismo, del extractivismo, megadesarrollos, militarización entre otros elementos, la falta de democracia en un partido que nació para llevar a AMLO a la Presidencia y que sirve exclusivamente para los procesos electorales imposibilita un cambio de curso y de carácter del mismo. No es solamente el verticalismo presidencialista que domina al partido, sino que incluso en el terreno electoral la definición de las candidaturas se ha convertido en un caso más de evidencia de falta de democracia. Ante la imposibilidad de definir candidaturas por medio de votaciones internas por la desconfianza generalizada sobre el verdadero padrón de afiliados, Morena ha seguido -a propuesta del propio AMLO- el procedimiento de las encuestas de opinión. Si de por sí definir candidaturas por medio de una encuesta a un público abierto, más allá del partido, es cuestionable, éstas encuestas en Morena son una burla para sus propios miembros. En realidad nadie sabe, ni siquiera los que se inscriben como presuntos candidatos a decidir en una encuesta, quién la hace y cuáles son los resultados. Por eso todo el tiempo en el proceso electoral estuvieron estos conflictos e impugnaciones internas de las candidaturas de Morena.

Incluso institucionalmente se comprobó que Morena no entregó informe de gastos realizados con las supuestas encuestas precisamente porque no hubo encuestas. Ya algunos reconocidos morenistas -no solo Muñoz Ledo- lo han denunciado abiertamente: no hubo encuestas, fue una simulación, una burla. Si no hubo encuestas, entonces ¿quién decidió las candidaturas?. Obviamente el grupo alrededor del nuevo Presidente de Morena, Mario Delgado. Por supuesto siendo Delgado el verdadero elector estos “dedazos” estuvieron generalmente cargados a candidatos “impresentables”, candidaturas de derecha, de priístas o panistas. Pero si no hubiera sido Delgado el Presidente de Morena, el problema hubiera sido el mismo, pues es AMLO quien sostiene este procedimiento y es en sí mismo expresión del carácter antidemocrático y verticalista del partido. Por eso también es que es ilusorio el intento de algunos “morenistas” que se dicen de izquierda e incluso socialistas de cambiar, de transformar al partido. Es la misma historia de muchos de ellos que dentro del PRD también quisieron transformarlo, cuando la ruptura de esta corriente proveniente del priísmo, ha fundado partidos, PRD primero y Morena después que constitutivamente y por su carácter de clase están fuera del campo de la izquierda socialista y de la clase trabajadora. Han sido instrumentos, vehículos, que han llevado a las derrotas del PRI y al desfonde del PRIAN pero no representan una perspectiva de futuro para la izquierda socialista y el pueblo trabajador.


La crisis de los partidos, más amplia y profunda que los resultados electorales, también se expresan en éstos. Son la concentración de lo frase paradójica cuando decimos que la derecha fue rechazada nuevamente pero Morena mostró su propio desgaste:


Diferencia de votos obtenidos en las elecciones de diputados federales en 2018 y 2021:


Morena: -4, 212, 656

MC: + 964,784

PT: - 616, 925

PRD: - 1, 175, 269

PVEM: - 24,408

PAN: -1, 127,300

PRI: - 594,624

El caso de la CDMX. ¿avance de la derecha en la clase media o desgaste de Morena?


Como parte integral del balance en que decimos derrota de la derecha y desgaste de Morena, destaca el caso de la Ciudad de México. Al mismo tiempo que se confirma la mayoría legislativa federal para Morena y la derrota de la derecha en las elecciones de gobernadores de los estados, destacan sorpresivamente los resultados de las elecciones locales en la CDMX.


La alianza de los partidos de derecha ha ganado 9 de las 16 alcaldías de la CDMX. Morena mantiene 7 alcaldías y pierde algunas muy significativas como Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco o Tlalpan. La derecha lo celebra como si fuera su propio triunfo. El resultado parece contradecir lo que hemos insistido en cuanto a la derrota de los partidos de la derecha. Pero la situación es más complicada.


Curiosamente, tanto el gobierno como la derecha han recurrido a una explicación clasista de los resultados. Se dibuja de esa manera a la Ciudad de México como dividida en dos zonas: la poniente, supuestamente fifí y la oriente, supuestamente chaira. El desprecio clasista de la derecha se hace evidente con el argumento, que también usa con respecto al norte del país en comparación con el sur, diciendo que los habitantes del poniente de la Ciudad sí pagan impuestos y los del oriente simplemente reciben la ayuda de los programas sociales del gobierno. El argumento es falso y nos recuerda la injusticia del sistema fiscal. No solamente porque en general todos los habitantes de la Ciudad de México pagan impuestos, sobre todo en el consumo, sino porque en realidad los pobres pagan más impuestos proporcionalmente si se toma en cuenta todas las concesiones y beneficios, así como la corrupción de los grandes empresarios y compañías. Recuérdese simplemente el vigente problema de la reforma energética que ha significado aumento gigantesco de las tarifas de luz para usuarios domésticos contra el subsidio a las empresas.


Pero el gobierno también recurre a una explicación clasista equivocada. Queriendo tímidamente reconocer alguna responsabilidad termina colocando la culpa en el pueblo, al decir que la “clase media” de la Ciudad de México (¿de nuevo la del poniente de la CDMX?) se dejó ganar por la propaganda e ideología de la derecha (las campañas de desprestigio, dicen), ante cierto descuido del gobierno por poner el énfasis en que “primero los pobres”. Al poner en el centro de la explicación el argumento clasista de la “clase media” y sus aspiraciones, se elude lo que es básicamente un problema político: el desgaste y desilusión con respecto a Morena y el gobierno mismo. Por supuesto que en política siempre es importante no perder el análisis de clase. No nos darán clases al respecto aquellos que hablan de “fifís”, “poderes fácticos”, “mafia del poder” y que temen decir burguesía o imperialismo o eludir el carácter de clase de un gobierno. Pero si todo se reduce en última instancia a un problema de clase, incluso el del poder del Estado y sus formas de gobierno, también hay niveles de análisis en el terreno político.


En ese terreno podemos decir que es falsa la idea de que los habitantes de la Ciudad de México dieron un giro a la derecha en sus preferencias electorales, ya sea por ser “clase media” o porque fueron ganados por la propaganda e ideología burguesa de la derecha. Morena perdió el voto de muchos habitantes de la Ciudad de México que lo hicieron en 2018. Pero no dieron ese voto a los partidos de la derecha. Se abstuvieron o votaron nulo. O sea, expresaron una posición política de desilusión o desencanto, de desgaste en el proyecto de Morena y del gobierno de López Obrador (y de Claudia Sheinbaum en consecuencia).


Lo anterior no es sorprendente si se recuerda la imagen que durante muchos años ha tenido la Ciudad de México como una ciudad de la izquierda. Una ciudad que por su historia y experiencia efectivamente ha sido ganada e influida por la izquierda y donde, si se quiere, por la centralización política que padece nuestro país también ha tenido un mayor acceso a la información y perspectiva política de izquierda. Una historia en este sentido que viene, por lo menos, desde el Movimiento Estudiantil Popular de 1968. No hay que olvidar que la huelga estudiantil de ese año que fue de julio a diciembre, ocurrió básicamente en la Ciudad de México. Y ya entonces, por cierto, incluso antiguas corrientes de izquierda, desestimaron la potencia subversiva y contestaria del movimiento estudiantil calificándolo como un movimiento de la “clase media” o pequeño burgués. Este debate continuó los siguientes años en la izquierda que no comprendía la evolución del capitalismo de posguerra y lo que el camarada Ernest Mandel llamó la “proletarización del trabajo intelectual”.


Es el caso también del movimiento de mujeres y feminista que desde los años 70 corrientes stalinistas y maoístas calificaban de “pequeño burgués” divisionistas de la clase trabajadora y propio de la clase media para denostarlo. Ante el nuevo ascenso del movimiento feminista, nuevamente hay quienes recurren a ese argumento, cerrando los ojos ante la evidencia de que el movimiento de mujeres y feminista, independientemente de las corrientes políticas que lo crucen como a cualquier otro movimiento, es parte de las luchas de la clase trabajadora, que va más allá de los obreros industriales, como lo muestran sus formas de lucha que recuperan incluso el llamado a la huelga (el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo) y las elaboraciones teóricas sobre la reproducción social del trabajo y los cuidados como parte de ese trabajo no pagado.


Y resulta que la Ciudad de México y en particular demarcaciones de las alcaldías perdidas por Morena han sido asiento de muchos de esos movimientos, de los más radicales y que mayores cambios han producido en la historia no sólo de la Ciudad sino del país.


Además del movimiento estudiantil de 1968, tenemos el 10 de junio de 1971 como el intento del movimiento estudiantil de retomar las calles de la Ciudad después de la masacre del 2 de Otubre en Tlatelolco (Delegación Cuauhtémoc). Los Halcones, financiados desde la Regencia de la Ciudad atacaron a los estudiantes en los alrededores de la Normal y del Politécnico en el Casco de Santo Tomás. Durante años, el sindicalismo independiente, como la CNTE y el SME disputaron con la CTM el acceso al Zócalo de la Ciudad el 1 de Mayo. Cuando la izquierda fue legalizada con la Reforma Política del 78, también fue una conquista retomar el Zócalo para el PCM y el PRT. En 1985 cuando el terremoto de ese año, fue histórica la autoorganización del movimiento de damnificados no solamente en Tlatelolco, sino en el Centro Histórico e incluso en la colonia Roma, en la Morelos y muchas zonas más. La CUD (Coordinadora Única de Damnificados) finalmente aglutinó a las organizaciones de damnificados de diversos rumbos de la ciudad. Después de la ruptura del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, siendo por supuesto un movimiento nacional no es posible olvidar las gigantescas concentraciones realizadas en el Zócalo contra el fraude que impuso a Salinas en la Presidencia. O de nuevo, en 2006, el mega plantón en la Ciudad de México, convocado por AMLO contra el fraude que impuso a Calderón y que se extendió desde el Zócalo hasta Chapultepec durante semanas con organización por delegaciones de la Ciudad haciendo guardia en diversos puntos del Paseo de la Reforma. O las movilizaciones y plantones de la CNTE y del SME, nuevamente en esta ciudad. O la amplia organización también por delegaciones o regiones de la ciudad de la ANUEE (Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica). Cada año en la Ciudad de México, nuevas generaciones de estudiantes, realizan la movilización del 2 de octubre que tienen su conexión histórica con la lucha de los normalistas de Ayotzinapa por los 43 desaparecidos. Cada día 26, nuevamente hay una jornada de lucha por Ayotzinapa en esta ciudad, donde se han venido instalando antimonumentos reivindicando algunas de estas luchas. Y ya en este gobierno y el previo no es posible olvidar las constantes movilizaciones de las mujeres y la nueva ola feminista. Los enfrentamientos con la policía de la Ciudad por parte del movimiento feminista, que recordaba la antigua consigna del 68 que exigía la disolución del cuerpo de granaderos. Pero también no es posible olvidar el desencuentro del gobierno de la CDMX de Claudia Scheinbaum con el movimiento feminista más radical, pretendiendo interlocutar más bien con el feminismo institucional. O peor aún, toda la confrontación de AMLO con el feminismo calficándolo de ideas extranjeras o respaldando persistentemente a Félix Salgado pese a las acusaciones de violencia sexual. ¿Es creíble pensar que estos movimientos iban a votar por la derecha en las elecciones de junio? ¿Y no es entendible que estos movimientos optaron, en la práctica es decir sin campaña de por medio, retirar el voto a Morena que algunos dieron a AMLO en 2018? No sólo absteniéndose de ir a las urnas sino ejerciendo el voto nulo, al escribir en las boletas por los 43 o contra el feminicidio u otras consignas de los movimientos en lucha.


Si se omiten las consecuencias políticas en la población de la CDMX de la práctica y posiciones politicas del gobierno federal y de la Ciudad, así como del propio AMLO, no se entiende la profundidad del desgaste de este gobierno y del descrédito que va más allá de las pugnas internas de Morena por las candidaturas y posiciones, que son también parte del desgaste de un partido exclusivo para la participación electoral. El llamado “fuego amigo” como las traiciones y golpes como la derrota de Dolores Padierna en Cuauhtémoc es también parte de este desgaste. La complejidad de la dinámica política que va más allá de visiones clasistas se ejemplifica en un elemento previo a las elecciones que se supondría influiría en las votaciones: el desplome de la línea 12 del Metro. Seguramente que el hecho influyó por el involucramiento en el caso de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, anteriores Jefes de Gobierno de la CDMX, por un lado y por el otro, de la actual Jefa Claudia Scheinbaum. Pero resulta que en Tláhuac, donde se ubica la estación donde ocurrió el desplome, así como las estaciones finales de la línea 12, Morena retuvo la Alcaldía. Al mismo tiempo, es en Tláhuac también donde surgió un movimiento de los familiares de las víctimas del desplome del metro en la estación Olivos que recuerda también el movimiento de damnificados del temblor de septiembre de 2017 en esa zona que se mantiene activo en su exigencia al gobierno de reconstrucción. Y esto, en general, tiene que ver con el hecho de que quizá con la excepción de Benito Juárez, cuyos habitantes corresponden a un estrato social más homogéneo, en las demás demarcaciones territoriales, incluido Miguel Hidalgo, conviven zonas ricas y populares como expresión de la desigualdad social real.


La desilusión política con Morena, que no necesariamente implicó un voto por la derecha, explica la derrota de figuras representativas de Morena como Pablo Gómez en Coyoacán, una delegación enclave de la izquierda desde la época del PCM-PSUM. Peor aún en que Pablo Gómez iba con la ventaja institucional que permite la regresiva reforma correspondiente buscando la reelección para diputado de ese mismo distrito y perdió ante ¡Gabriel Quadri¡. O la derrota de Alfonso Ramírez Cuéllar que recién había ejercido como Presidente Nacional de Morena y que también buscaba la reelección que perdió ante la actriz Rocío Banquells. O la derrota de Lorena Villavicencio también buscando su reelección y que presumía de ser diputada de Morena pero rebelde y crítica. También perdieron intentando su reelección Javier Hidalgo, antiguo activista del movimiento urbano, Nayeli Zagal Ramírez,ex secretaria de organización del CEN de Morena y Leticia Varela.


Pero insistimos, esas derrotas de Morena en alcaldías y diputaciones no tienen que ver con un aumento de la votación de los partidos de la derecha. En el cuadro que colocamos antes, se ve cómo todos los partidos perdieron votos en esta elección federal comparada con la del 2018. El que más pierde es Morena. En el caso de la CDMX, esto es más evidente pues a diferencia de la media nacional aquí si aumentó la abstención. Entonces resulta que ni PRI, ni PAN, ni PRD tienen en 2021 más votos que en 2018. PRI y PRD, especialmente, tienen en el caso de la CDMX una tendencia a la baja más pronunciada que nacionalmente. Si el PRD pierde más de un millón de votos nacionalmente (y así perdió el gobierno de Michoacán), sólo en el caso de la CDMX pierde medio millón de votos con respecto al 2018, aún tomando en cuenta que de 1997 a 2012 gobernaron la Ciudad de México (periodo en que AMLO fue parte del PRD). Lo que ocurre es que perdiendo votos Morena (por la abstención y votos nulos), la alianza de PRI, PAN y PRD que ahora no iban separados (excepto en Benito Juárez que es la fortaleza del PAN y donde gana solo) la derrota de los candidatos de Morena permitió que ganaran los candidatos de la alianza, pero sin crecer en votación. O sea, Morena perdió en la CDMX no por avance de la derecha sino por desgaste de Morena y de los gobiernos de AMLO y de Scheinbaum. Buena parte de quienes se abstuvieron o votaron nulo, por tanto, lo hicieron desde una posición crítica o decepcionada de Morena. Es cierto, como han señalado algunos analistas, que entre esos sectores de la población y seguramente de los movimientos, estaría la base electoral de una fuerza política o partidaria a la izquierda de Morena. Lamentablemente, la legislación electoral es tan restrictiva, nacional o localmente, que se impide el registro de nuevos partidos antes del 2024. La desilusión, por eso, puede más bien ser ganada por la antipolítica y antipartidos, ante la falta de alternativas viables en el terreno institucional.


O sea, no hubo voto nuevo por la derecha, hubo menos votos por Morena y más abstención que en 2018. En realidad no sólo en la CDMX pues en varias capitales de los estados, las ciudades mayores de cada entidad, aunque Morena ganara el nuevo gobierno del estado, perdía la capital. Pero por razones históricas, el caso más notable es el de la CDMX donde simplemente desde el resultado electoral, se hace evidente que se ha creado un espacio social favorable a un partido de izquierda, es decir a la izquierda de Morena. El espacio está ahí y se expresa en las luchas independientes del gobierno (feministas, damnificados, el SME, la ANUEE, etc) pero las restricciones legales (aun sin las reforma regresivas que pretende AMLO) impiden seguramente que se concrete en un partido de izquierda legalizado antes del 2024. Y efectivamente el riesgo es que eso permitiera el avance de la derecha, pero sobre todo de las concepciones anti política y anti partido.


Una crisis anunciada : el 2024.


Como señalamos en las anteriores contribuciones sobre este tema las elecciones intermedias del 2021, presentadas como las “más grandes en la historia de México” lo fueron solamente por el número de cargos de elección popular. No hubo opciones realmente alternativas para el interés de la clase trabajadora y de las luchas populares pues las “intermedias” estuvieron marcadas por el desfondamiento del régimen del PRIAN de 2018 y una pugna en el poder que apunta al 2024, una pugna interburguesa, para definir qué sectores de la clase dominante se convierten en hegemónicos en la transición hacia un nuevo régimen político en México. En ese sentido las intermedias fueron en transición hacia un nuevo régimen y qué sector de la clase dominante se impone en esta disputa. Pero una disputa que no se limita a la pugna entre el gobierno federal y los partidos de la derecha. La pugna interburguesa ocurre dentro y fuera del gobierno. No son dos bloques homogéneos enfrentados. En realidad es la pugna, el reacomodo, por ver cuál es el nuevo bloque dominante en un posible nuevo régimen. Y la prueba de si se consolida o no un nuevo régimen -y no solamente un gobierno sexenal- es la sucesión presidencial del 2024. Si el gobierno de AMLO, que llamamos de progresismo tardío, y que publicitariamente se autodenomina de la “cuarta transformación” o más sencillamente si el gobierno de Morena logra o no constituirse en un régimen transexenal.


En este sentido es que es de interés ubicar las fuerzas que fueron imponiéndose en el reacomodo resultado de las elecciones federales y estatales, incluida la CDMX y junto con ello la crisis y reacomodos también de todos los partidos institucionales (hasta de los que perdieron el registro legal). Sobre esa base, los cambios en posiciones en el gobierno, la continuación de la pandemia y la crisis económica, es que destaca el que el propio AMLO destapara ya la carrera presidencial mencionando a algunas de las figuras de su gobierno y excluyendo a otro(s) de esa lista.


Ciertamente el resultado de las elecciones por el lado de Morena apuntala hoy a Marcelo Ebrard quien consiguió después de una crisis de Morena de dos años sin una presidencia estable, que se impusiera a Mario Delgado. La designación de candidaturas “impresentables” de priístas y panistas responsabilidad de Delgado no es una casualidad. Delgado como Marcelo Ebrard, como la mayoría de los dirigentes de Morena y del gobierno de AMLO, vienen del PRI. Pero no de cualquier PRI. Ebrard no viene de la ruptura de Cárdenas con el PRI, sino del grupo contrario, es decir del salinismo. Como se recuerda Marcelo Ebrard fue el segundo de Manuel Camacho Solís, operador político de la campaña de Salinas en 1988. Mientras Camacho era secretario general del PRI a nivel nacional en 1988, Ebrard era el secretario general del PRI en el DF al mismo tiempo. Camacho, Ebrard y Delgado, en consecuencia, rompieron con Salinas cuando éste prefirió a Luis Donaldo Colosio como el candidato presidencial para la elección de 1994. Los vínculos que Ebrard debe desarrollar con el gobierno de EU, en su carácter de Canciller, favorecen la orientación neoliberal de la que viene.


Esto ocurre al mismo tiempo con la migración cada vez mayor de priístas de todo tipo a Morena por medio delas candidaturas y cargos políticos que, en la larga agonía del PRI , apuntan a reconvertirse en Morena como nuevo partido de Estado. Un partido de Estado, como el PRI en su época de apogeo, en que incluso dirime en su interior conflictos y contradicciones de clase, incorporando a diversos sectores burgueses que antes se expresaban por medio de otros partidos. Aun sin llegar a la audacia corporativa del viejo PRM de incorporar al ejército al partido, la dinámica actual abierta por AMLO es de integrar a las fuerzas armadas a puestos dentro de la administración estatal con el argumento de que son incorruptibles y puede confiarles la construcción de la infraestructura del Estado en varios niveles.


Pero, pese a todo, el reacomodo en el seno de la clase dominante y el aparato del Estado no parece completo ni estable quizá por los turbulentos tiempos marcados por la convergencia de la crisis económica y sanitaria que enfrenta el gobierno, pero también porque la indefinición y cierta ambigüedad le permite al Presidente mayor margen de maniobra y capacidad bonapartista y caudillista que le mantenga con las riendas del gobierno hasta el final del sexenio. El que al mismo tiempo que anuncia a los posibles sucesores presidenciales, obviamente por medio de Morena, haya anunciado el método con el que se decidirá la candidatura es arma de doble filo: la “encuesta” nuevamente. Los golpes entre las y los posibles candidatos presidenciales durante estos 3 años pueden desatarse incontrolablemente pues no se definirá hasta que la “consulta” hable al inicio del 2024. El conflicto entre las posibles candidaturas presidenciales según se acerque el momento, fortalece el papel de AMLO como mediador, como Bonaparte o caudillo. Pero también el cuestionable método de la “consulta” puede llevar a una explosión o división en Morena.


El “destape” de AMLO de sus posibles sucesores y el inicio de la carrera presidencial con ell mismo “método” de la supuesta encuesta para decidir la candidatura de Morena en el 2024 anuncia un posible conflicto. Julio Hernández “El Astillero” dice abiertamente que “la recurrencia al método absolutamente opaco y manipulable de las ‘encuestas’ de opinión pública para determinar candidaturas en Morena provocó ayer un primer desacuerdo público que puede evolucionar hacia una rispidez en la élite de la llamada Cuarta Transformación que puede desembocar en escisiones”


Agrega. “El mismo ejecutante de las maniobras del engaño reciente ha dicho que para el cargo mayor, la candidatura presidencial del 2024, Morena debería optar por el método tan demeritado. El filósofo Enrique Dussel, secretario de formación política del comité nacional de Morena, aceptó semanas atrás que las susodichas encuestas fueron el disfraz del dedazo. El académico John Ackerman ha dicho que no ha visto una sola encuesta real (bit.ly/3wFZXwP)” En realidad cuando Astillero se refiere al “ejecutante de las maniobras del engaño reciente” que propone nuevamente las encuestas se refiere a Mario Delgado, presidente de Morena, pero el que originalmente está proponiendo nuevamente este “método” es AMLO, el Presidente de la República.


La experiencia de los conflictos ocurrido en Morena por la definición de sus candidaturas en 2021 por medio de la “consulta” puede ser un anuncio de la dimensión del conflicto para definir en el 2024 la candidatura presidencial por medio de esta supuesta “encuesta” que disfrace el viejo método priísta del “dedazo”. Si el reacomodo de fuerzas en el aparato al final del sexenio está todavía en movimiento y la beligerancia de los diversos grupos de aspirantes se recrudece, el resultado de la “encuesta” puede llevar a una ruptura y que alguno o algunas de las pretendidas candidaturas rompan con Morena y busquen ser postulados por otro partido (ya desde ahora se especula con la posible candidatura de Monreal por fuera de Morena, si nuevamente lo descartan como en 2018 cuando quiso ser candidato a Jefe de Gobierno de la CDMX). Normalmente un aspirante perdedor, como hizo Monreal en 2018, pensaría que le conviene siempre ir con Morena y no con otro partido como garantía de triunfo. Pero estas elecciones son la prueba de fuego para saber si Morena puede seguir siendo mayoría aun sin la figura de AMLO como candidato. Ninguna de las precandidaturas anunciadas por AMLO tienen hoy el consenso popular y simpatía generados alrededor de la figura de AMLO, construida desde 2006 hasta 2018. La elección intermedia de 2021 ya mostró que, aunque la derecha fue derrotada, Morena ha iniciado también su desgaste. Y por supuesto si las pugnas se extienden no solamente a la posible candidatura presidencial, sino por la vía de los grupos que apoyen a cada una de esas candidaturas, se extiende a la larga lista de candidaturas al Senado, a la Cámara de Diputados, Jefatura de Gobierno de la CDMX y congresos locales, las posibles rupturas de grupos de Morena hacia otros partidos es posible. En primer lugar hacia partidos hoy aliados de AMLO como el PT y el PVEM, pero eventualmente también, por ejemplo con una decisión en ese sentido de Monreal, hacia partidos como MC.


Lo anterior no quiere decir que la previsible crisis de Morena y eventuales rupturas hacia otros partidos, lleve necesariamente al triunfo en la elección presidencial del PAN o del PRI, por separado o aliados. La derrota de los tradicionales partidos de derecha es histórica. Pero sí puede ser que la decisión de AMLO sobre su sucesor sea una candidatura triunfante mucho más débil y abra la posibilidad de la expresión y posterior organización de otras fuerzas políticas por fuera de la actual corr