El Estado mexicano contra las Normales Rurales


Diego Luz


El 18 de mayo de este año, un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Chiapas mantenían tomada la autopista San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, demandando al gobierno del estado de Chiapas la aplicación presencial del examen de admisión, ya que un examen virtual excluye a aquellas y aquellos estudiantes que no cuentan con internet o computadora; ante esto la respuesta del gobierno encabezado por Rutilio Escandón Cadenas fue la represión, el uso de la policía estatal para atacar , agredir y detener a 95 normalistas, de las cuales 21 son hombres y 74 son mujeres, quienes además han denunciado que fueron agredidas sexualmente por los policías durante su detención. Varias horas después de su detención fueron presentadas y acusadas de robo con violencia, ataques a la vías de comunicación, entre otros cargos, e inmediatamente trasladadas al penal de El Amate en Chiapas.


Desde la tarde del 18 de mayo hasta el día de hoy, varias organizaciones políticas y sociales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Frente de Pueblos en Defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, entre otras; se han pronunciado por la liberación inmediata y sin cargos de los y las 95 estudiantes normalistas, además de movilizarse en distintos estados del país, realizado acciones de presión -mítines, cierres de carreteras, marchas- para que el gobierno estatal libere a nuestra compañeras y compañeros, y exigiendo el cese de la represión.


Tres hechos en una semana.


La represión contra los y las estudiantes de la Normal de Mactumactzá no es un hecho aislado o fortuito, así como no es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno estatal, pues es parte de un ataque sistemático que el Estado mexicano ha llevado a cabo en contra de las Normales Rurales buscando desaparecerlas o cambiar radicalmente su proyecto educativo, adecuandolas a las necesidades del mercado. Y cuando decimos Estado mexicano no nos referimos a un gobierno en específico, sino a los tres niveles de gobierno en los distintos sexenios, incluido el actual; pues el ataque contra las Normales Rurales ha sido continuo sin importar quién esté gobernando.


Esta misma semana también ocurrió el fallecimiento de las compañeras de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles Puebla, el 20 de mayo de este año. Ese día Iris y Mónica Paola participaban en una protesta junto con sus compañeras, demandando al gobernador de Puebla el respeto de los acuerdos firmados desde el 2019 que incluye las demandas de mantenimiento y construcción de más aulas, así como la recuperación del apoyo alimentario que ha bajado de 45 pesos a 35 pesos por alumna, entre otras demandas, incluidas las que han surgido a causa de la pandemia. Lo que sabemos hasta ahora es que las compañeras fallecieron al caer de un tráiler al cual se subieron en medio de la toma de la carretera Amozoc-Perote; inmediatamente se especuló en los medios de comunicación que se subieron al trailer para “saquearlo” y que cayeron o se aventaron cuando el conductor aceleró el trailer. Aquí está presente la narrativa de la o el estudiante normalista que secuestra y saquea camiones, la cual se ha ido construyendo durante años criminalizando la protesta social reduciendo las actividades políticas de los y las estudiantes normalistas a actos de vandalismo.


Cabe mencionar que esta narrativa es parte de la estrategia del Estado mexicano en su labor disolvente de las normales rurales, pues le permite colocar estigmas, además de justificar la represión en contra de las Normales Rurales. Uno de los ejemplos más nefastos de esta narrativa fue la que se trató de colocar tras la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, a través de la cual se especulaba que los estudiantes habían sido agredidos por un grupo del narcotráfico con el cual mantenían una rivalidad, dando lugar a que se afirmara en distintos medios de comunicación que el ataque del 26 de septiembre del 2014 fue parte de una guerra entre narcos, buscan deslindar responsabilidades a los distintos niveles de gobierno y al ejército. Esta narrativa fue desmentida en varias ocasiones, tanto por la movilización social como por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes señalan la necesidad de investigar al ejército pues todos los niveles de gobierno estuvieron al tanto de lo que ocurría la noche del 26 de septiembre, señalando al Estado mexicano como el responsable del ataque -donde fallecieron seis personas y quedaron decenas de heridos- y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.


El tercer hecho que ocurrió esta semana, el 19 de mayo, fue el inicio de la jornada “Romper el silencio” convocada por el Comité de madres y padres de los 43, la cual busca recorrer seis puntos en el estado de Guerrero que están relacionados con la investigación de la desaparición, pero que el gobierno federal no ha investigado. Cabe recordar que el gobierno actual ha prometido esclarecer lo ocurrido con nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa, promesa que hasta la fecha sigue sin cumplirse.


Estos tres eventos, que ocurren la misma semana un día tras otros, van en sentido de la política del Estado mexicano contra las Normales Rurales, en los primeros dos caso -en Mactumactzá y Tetele- se ubican en un conflicto contra los dos gobiernos estatales -ambos de MORENA- demandando mejoras en la infraestructura, aumento del presupuesto alimentario y cambios en los mecanismos de ingreso. Estas demandas son expresión de la crisis/embate que resisten los y las estudiantes normalistas. En el tercer caso la demanda central es Justicia, la cual tiene un obstaculo: el Ejercito, pues las distintas investigaciones y peticiones del Comité de madres y padres de los 43 han apuntado la necesidad de investigar al cuartel del ejército en Iguala, Guerrero y los militares que estuvieron en servicio la noche del 26 de septiembre del 2014. Sin embargo, el ejército se ha negado rotundamente a una investigación, aunque han permitido algunas cosas como la entrada de familiares al cuartel de Iguala, esto no representa una investigación a profundidad para esclarecer lo ocurrido aquella noche de septiembre y avanzar en localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa. La duda queda pendiente y no dejamos de señalar la responsabilidad del Estado mexicano.


La resistencia normalista de los últimos años.


Si el Estado mexicano ha mantenido durante décadas una política para desaparecer las normales rurales, es obvia la resistencia que se desplegará por los y las normalistas, quienes agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (la FECSM fue fundada en 1935) y en otras organizaciones regionales, han tratado de defender las 16 Normales Rurales que aún quedan -las cuales tienen una matrícula de cerca de 6’000 estudiantes en todo el país-. Estamos hablando de una resistencia activa de este conjunto de estudiantes, quienes en los momentos más álgidos de la defensa de sus escuelas, han logrado construir alianzas importantes con sectores del magisterio democratico y otras organizaciones populares o campesinas. El perfil de el/la estudiante normalista está vinculado con sus raíces: en su mayoría son jóvenes que provienen de comunidades campesinas y/o pueblos originarios, que buscan formarse como educadores o educadoras para contribuir en resolver las necesidades de sus comunidad, es decir, son una pieza clave dentro de sus comunidades. Esto es una parte de porque el Estado mexicano busca desaparecer las Normales Rurales, para imponer sus procesos de desarrollo.


Este año la resistencia está enfrentada la asfixia presupuestaria, pues el gobierno federal les impuso una reducción después de que se aprobaran 170 millones de pesos para este año como presupuesto -la propuesta inicial era de 20 millones-, en comparación de los 461 millones que se otorgó el 2020. Estas medidas de asfixia presupuestal se traducen en disminución de lugares de ingreso, reducción de las becas, cierre de los internados, por mencionar algunos ejemplos, los cuales son parte del desmantelamiento de las Normales Rurales. Por eso las compañeras de teteles en Puebla salen a movilizarse y botear, para buscar los recursos económicos que se les están negando por parte del gobierno.


Por otro lado, la resistencia se ha ampliado a evitar el cierre de escuelas, como es el caso anunciado en febrero pasado por parte de la Secretaría de Educación de Michoacán que analizan cerrar la Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, argumentando “actos de vandalismo”. O que pelean por la reapertura real como ocurre con la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” del Mexe en Hidalgo, la cual fue cerrada en 2008 por Osorio Chong -entonces gobernador del estado de Hidalgo- y fue reabierta en 2019 pero con un proyecto educativo distinto al original, sin su internado -que resulta fundamental para las y los estudiantes que provienen de distintas regiones del estado y no tienen posibilidades de movilidad- y adecuada al proyecto educativo de las Universidades del Bienestar Benito Juárez -en el Mexe se imparte la Licenciatura en formación docente en educación básica: patrimonio histórico y cultural de México-, o sea, se reabrió la Escuela Normal Rural, sin ser Normal, ni ser Rural.


Creadas en 1922, como expresión de las demandas revolucionarias que las y los campesinos levantaban en términos de justicia social, para reforzar y mejora las condiciones de vida de la población que habita el espacio rural, donde predominaban los pueblos originarios; la resistencia contra la desaparición de las Normales Rurales es un proceso de varias décadas y se ha confrontado con los distintos niveles de gobierno, sin importar el color del partido: además de la confrontación con el gobierno federal encabezado por AMLO y de los gobiernos estatales de Rutilio -Chiapas- y de Barbosa -Puebla- los tres de MORENA, también se han enfrentado, como en el caso del Mexe Osorio Chong venía del PRI y el gobierno federal era panista, o el gobierno de Peña Nieto que se enfrentó a la crisis originada por la desaparición de los 43; o como en el caso de michoacán donde gobierna actualmente el Silvano Aureoles que viene del PRD. Todos los gobiernos, sin importar el nivel y el partido han mantenido la política de desaparición de las Normales Rurales. Un cambio de esta política implica un cambio radical en toda la visión educativa del país, lo cual aún no sucede y quién sabe si suceda.

La importancia de defender las Normales Rurales.


Hemos dicho que quienes ingresan a la Normales Rurales son jóvenes que en su mayoría proceden de comunidades campesinas y/o pueblos originarios, y que su proyecto original busca la formación de educadores y educadoras para que al regresar a su comunidades de origen puedan resolver necesidades comunitarias a través de proyectos educativos y de esta manera contribuir a mejorar la comunidad.


Se trata de un modelo educativo que se opone a la educación bancaria y neoliberal -basada en la meritocracia, la productividad, la educación privada, con una visión del sujeto como vacío de conocimiento y pasivo-. Además de que esta resistencia está enmarcada en una resistencia generalizada por parte del magisterio a nivel nacional -tanto de niveles básicos, como medio y superiores-, es una trinchera para evitar el avance del apagón pedagógico y la transformación educativa que beneficia la acumulación capitalista.


Defender las Normales Rurales es necesario en este momento es importante, pues frente a los distintos problemas que atraviesan las comunidades, como la devastación del campo, la presencia del narcotráfico, la violencia contra las mujeres, los proyectos extractivistas, el despojo a traves de mega proyectos, y recientemente los efectos de la crisis ambiental; por eso es necesaria la presencia de los y las normalistas rurales.