ELECCIONES SIN ALTERNATIVA

Las elecciones intermedias de México, este 6 de junio, presentadas como “las más grandes de la historia del país”, están sumidas en una serie de contradicciones que, para nada las hacen las más importantes. Son las más grandes por el número de cargos de elección popular en juego, pero no las más importantes.


Las contradicciones muestran la crisis del sistema político electoral mexicano. Y su entrelazamiento con la crisis sanitaria por la pandemia y la crisis económica.


Esa complicada situación debería poder encontrar en una elección opciones para enfrentar la crisis multidimensional. Pero no es así porque lo que se discute no son proyectos políticos frente a la crisis. Hay ciertamente una confrontación brutal entre varias fuerzas políticas, una polarización entre los partidos del Presidente y la oposición política de derecha, al mismo tiempo que un nivel de violencia mayor que el del 2018 y una degradación extrema de la política. Ciertamente la crisis sanitaria y económica ha provocado una fuerte pugna interburguesa sobre las salidas a la misma. Pero la crisis del sistema político electoral que incluye el choque de Morena y los partidos del Presidente con el INE, el supuesto árbitro electoral, muestra el otro ingrediente de ausencia de un marco democrático para resolver la confrontación y encontrar opciones que representen intereses distintos a los de la clase dominante y sus pugnas.


Hay con los nuevos registros de partidos, en realidad no nuevos sino reciclados, alrededor de 10 partidos políticos a nivel federal y algunos otros locales en determinados estados de la República, pero no hay en el terreno institucional partido que representa a la clase trabajadora y sus luchas. Y no nos referimos sólo a partidos como el PRT de la izquierda anticapitalista y socialista, sino en general de la clase trabajadora, como ha sido el proyecto de la OPT (Organización Política del Pueblo y los Trabajadores) impulsado por el SME o incluso fuerzas políticas que representen más ampliamente a los movimientos antisistémicos como el feminismo en lucha contra el patriarcado capitalista o las luchas de los pueblos indígenas por su autonomía y contra los megaproyectos neoliberales y ecocidas. No hay alternativa. No hay alternativa en el sistema político electoral actual ni partido que defienda o represente esos intereses en el contexto actual.


Y no hay porque el sistema político electoral está podrido. No de ahora, el reconocimiento del triunfo de López Obrador en 2018 ocurrió no porque el sistema se hubiera democratizado, sino porque la crisis era de tal magnitud que no pudieron imponer el fraude que tenían preparado ante la avalancha popular, el voto del hartazgo, contra el régimen del PRIAN que les llevó a aceptar la oferta de transición pactada de AMLO para no enfrentar al “tigre” popular que estallaría como se vería meses después en explosiones populares en América del Sur. O sea, el triunfo de AMLO finalmente fue reconocido no por un funcionamiento democrático del sistema, incluido el INE, sino por la crisis de ese sistema que no pudo evitar el reconocimiento. Pero era previsible que si el sistema, así como las reformas neoliberales, no eran desmontadas, las fuerzas de derecha atrincheradas en el sistema podrían tratar de revertir ese reconocimiento si consideraban que las condiciones y concesiones que el nuevo gobierno estaba obligado a respetar (expresado coloquialmente por AMLO con sus frases tipo “no soy rencoroso”, lo mío no es la venganza) no eran suficientes.


Seguramente por esta dimensión de la crisis, el gobierno de AMLO intentará después de las elecciones una nueva reforma política. Pero la reforma política que se requiere no puede limitarse a desmontar la capacidad de vigilancia del INE sobre el gobierno y sus partidos. En realidad se requiere, desde el punto de vista democrático y de clase, una reforma que vaya a fondo del sistema de partidos mismo. Que rompa el lazo entre dinero y reconocimiento y existencia de partidos políticos. El reconocimiento de los partidos debería nuevamente ser producto de las definiciones político ideológicas de cada uno y por tanto de sus ofertas electorales. Romper el lazo del dinero, que ata a los partidos a los intereses de grupos económicos, implicaría que la legalización de los partidos no debería implicar prerrogativas económicas. El incentivo para constituir un partido político no debería ser el dinero que puede obtenerse de esa manera, sino la defensa de un proyecto político ideológico. En la actualidad el dinero ha podrido completamente al sistema político electoral. Convierte a los partidos en un negocio y la política en una “chamba”, en una inversión. Al nivel más bajo es lo que hoy vemos en que los “brigadistas” de los partidos haciendo campaña, pegando carteles, volanteando, dejando abajo de las puertas esos volantes o simplemente parándose en una esquina con banderines, en realidad son empleados pagados por el partido para realizar esa actividad. No son “militantes” (un antiguo concepto ligado a la experiencia de los partidos de izquierda) sino empleados con camisetas y gorras del partido, como sus uniformes de trabajo, haciendo propaganda por determinado candidato. Todos los partidos. Incluso los del gobierno con empleados que pasan de ser “servidores de la nación” a “activistas” ahora pagados por la tesorería partidaria. El problema es que la crisis y las fuerzas sociales en pugna no es tan grande todavía para lograr que la siguiente reforma política sea realmente de fondo. Una reforma así es la que lograría seguramente contar con representación de partidos de la clase trabajadora. La legislación actual y el poder del dinero para financiar una campaña por el registro, ha impedido estos años que lo obtengan partidos de la clase trabajadora como ha sido el caso de la OPT. No es simplemente el que la ley prohíba que los sindicatos apoyen la conformación de partidos. La fuerza sindical de Elba Esther Gordillo en el SNTE le ha permitido, por ejemplo, registrar a dos partidos en los últimos años. Primero al PANAL y ahora al partido de las “Redes Sociales Progresistas”. O la fuerza sindical de los charros de CATEM (Central Autónoma de Trabajadores del Estado de México) que registraron al partido Fuerza por México. Estos últimos, casualmente, aliados del gobierno de López Obrador. Pero la decisión política de impedir el reconocimiento de partidos de la clase trabajadora y que además sean independientes del gobierno se mantiene.


Pero por eso decimos, no hay opción, no hay alternativa para la clase trabajadora en lucha y la izquierda anticapitalista en estas elecciones, tampoco hay alternativas para las fuerzas antisistémicas como el feminismo o las luchas de comunidades indígenas.


En contribuciones previas durante esta campaña electoral hemos analizado (**) las fuerzas en pugna entre la derecha y el gobierno, pero insistiendo también en la presencia de la derecha dentro y fuera del gobierno y cómo para el proyecto de López Obrador que hemos llamado de “progresismo tardío” (en contraste con los gobiernos progresistas de América del Sur de principios de este siglo) la importancia de estas elecciones está en qué fuerzas de la clase dominante, expresadas dentro y fuera del gobierno, logran convertirse en hegemónicas. La consolidación de estas fuerzas hegemónicas en el marco del gobierno caudillista de AMLO es determinante para saber si se consolida o no un nuevo régimen político transexenal (y no sólo una experiencia sexenal). Esto se traduce con el inicio de la carrera presidencial para el 2024 y el apuntalamiento de alguna de las precandidaturas (¿Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o una sorpresa debido a las consecuencias del colapso de la Línea 12?). No abundamos sobre los argumentos que ya desarrollamos en artículos anteriores sobre estos temas para volver a la conclusión que ya encontramos incluso en espacios más amplio como fue el Encuentro Popular realizado en el SME a principios del año: no hay fuerza política que nos represente.


Y sin embargo, en paralelo a las campañas electorales las luchas populares y de resistencia contra el neoliberalismo continúan. No lograron (y las apremiantes condiciones no lo permitían) que las luchas actuales se pospusieran con el argumento de esperar a las elecciones o de votar en vez de luchar. En estos mismos días no sólo las luchas continúan sino también la represión a estas luchas. El ejemplo más inmediato y grave es la continuada represión en Chiapas por parte del gobierno de Rutilio Escandón contra los normalistas de Mactumactzá. Pese a ser un gobierno de Morena, en esta caso la derecha no se pronuncia contra AMLO. Obviamente el caso de Mactumactzá recuerda de inmediato a Ayotzinapa y los 43 desaparecidos. Y por supuesto la ofensiva contra las normales rurales es parte de la mal llamada reforma educativa, aprobada desde el gobierno de Peña Nieto y que como otras reformas neoliberales se mantienen. Y no sólo Ayotzinapa sigue en lucha, insistiendo en su independencia política al mismo tiempo que mantiene su reclamo al nuevo gobierno. Y también los damnificados del sismo del 2017 en la Ciudad de México que en estos días previos a la elección siguen manifestándose en las calles. Así como en reuniones y asambleas las víctimas del colapso del metro en la línea 12. O también en las calles los compañeros del SME exigiendo reinserción laboral por el despido realizado desde el gobierno de Felipe Calderón. O los zapatistas y su viaje a Europa para llevar la voz de las resistencias indígenas en Chiapas. Y por supuesto, las luchas contra los megaproyectos como el llamado Tren Maya, el PIM (Plan Integral Morelos) y su resistencia focal en Huexca. O los interminables reclamos de familiares de desaparecidos exigiendo justicia. O las acciones y movilizaciones del movimiento amplio de mujeres y la nueva generación de feministas denunciando la terrible situación de violencia en todas sus formas y el extremo del feminicidio que no para. Y frente a ello la Guardia Nacional y el papel cada vez mayor del Ejército y las fuerzas armadas ocupando posiciones cada vez más que antes eran del poder civil. Mostrando que el tema de la militarización, que AMLO niega, va más allá de la presencia del ejército en las calles.


Es por eso que al mismo tiempo que decimos que no hay alternativa política en estas elecciones, decimos también: votes o no votes lo más importante es organizarse para continuar las luchas con independencia del poder y sus partidos. No hay más solución que en la lucha.


En esta complicada situación es que el PRT ha optado por no presentar una fórmula de votación. Como PRT no hacemos llamado a la votación con determinada fórmula. Llamamos, eso sí, a continuar la lucha en forma independiente. Tampoco es un llamado a la abstención; si fuera en el marco de una votación con métodos parlamentarios nuestra opción sería “no participación”.


No es solamente el PRT que reconociendo esta situación en que no hay opción político electoral que nos represente no hace en esta ocasión un llamado a votar. Son varias corrientes y organizaciones sobre todo de la izquierda socialista en una situación similar, incluso significativamente algunas que habían manifestado en el pasado ilusiones con Morena o con el gobierno de López Obrador.


Algunos habían expresado ilusiones de que podrían defender ciertas luchas o demandas consiguiendo alguna candidatura en Morena o en alguno de los partidos del gobierno. Un propósito legítimo, aunque ingenuo, pero que obviamente debían tener un límite para no convertirlo en una desesperada búsqueda de candidaturas. Ese límite lo traspasaron algunos que en vez de la causa que querían defender parecía que era la candidatura en sí misma lo que buscaban. Así hubo a quien no le importó ser postulada por el PES (partido aliado de AMLO pero de extrema derecha) o fingir representar una candidatura indígena para usurpar ese derecho que la ley ha otorgado a los pueblos y comunidades indígenas (en forma similar a la burla que se hizo sobre todo al principio con la cuota de mujeres en las candidaturas de los partidos). Al final, muchos de los que sinceramente buscaban esas candidaturas para defender alguna causa legítima vieron cómo con el pretexto de la falsa encuesta (en alguna protesta en la CDMX, se consiguió demostrar que no había realmente encuestas sino designación directa) se postularon candidatos ex priistas, panistas u otros oportunistas.


Todo lo anterior es expresión de la degradación y crisis política también representadas por el hecho de que hay 16 sedes de Morena tomadas en protesta por las candidaturas que decidió “la encuesta”, al mismo tiempo las oficinas centrales del PRD están cerradas pues sus trabajadores sindicalizados empezaron una huelga o el hecho de que la estructura completa del PRI en BC rompe con la dirección nacional y la coalición del PRI, PAN y PRD que postuló a la ex miss universo Lupita Jones para pasarse a apoyar a Carlos Hank Rhon viejo priísta con múltiples acusaciones de crímenes pero ahora postulado por el PES. O el hecho de que hay decenas de candidatos de diversos partidos que contra lo que señala la ley son candidatos aunque pesan sobre ellos acusaciones de violencia contra mujeres.


Desde la visión binaria de la política que AMLO postula, según la cual todo se reduce a liberales y conservadores o progresistas y conservadores, o la 4T y la derecha (en artículos anteriores hemos explicado por qué decimos no hay realmente una 4T) se levantan argumentos contra una posición independiente que finalmente conviene examinar.


Si no votas por Morena, votas por la derecha. Es parte del chantaje que desde hace mucho enuncian los progresistas diciendo que la disyuntiva es el progresismo o la derecha (en México, ahora que se cumplen 50 años del 10 de junio de 1971, lo expresaron con la frase “LEA o el fascismo” es interesante recordarlo ahora que vemos a varios echeverristas en el gobierno).


Lo anterior no es correcto. Si no votas, es decir si te abstienes, tu voto no es por la derecha. El universo de diputados federales que se van a elegir es de 500. Ese universo de diputados se integra de acuerdo al peso de cada partido. Los votos nulos no cuentan. No hay parte de esos 500 diputados destinados a los votos nulos o a la abstención. Todas las curules de reparten entre los partidos y los votos que cada uno obtuvo, eliminando para establecer los porcentajes a los votos nulos.


En segundo lugar, ésta es una elección intermedia, es decir para la cámara de diputados federales. No es una elección presidencial En algunos países en la segunda vuelta, sobre todo, se plantea una situación de una votación cerrada entre una candidatura progresista y otra de derecha. No es la disyuntiva hoy en México. El 7 de junio AMLO sigue siendo el Presidente y así será hasta las elecciones presidenciales del 2024. Eso no está en juego.


Además, es claro que pese a la furiosa campaña mediática de la derecha del PRIAN, Morena y los partidos del gobierno de AMLO mantendrán la mayoría de votos a nivel federal. Seguramente no refrenderán los 30 millones de votos por AMLO en 2018 porque esta es una elección intermedia y no habiendo el interés de la sucesión presidencial siempre disminuye la población votante. Pero además porque, como hemos señalado antes, en la elección del 2018 lo determinante fue el voto del hartazgo contra el PRIAN mas que a favor de Morena. Y en estos 3 años en vez de fortalecer a Morena como partido, se fortaleció el caudillismo presidencial, favorecido por las condiciones de confinamiento de la pandemia y ahora Morena llega a su primera elección arrastrando una crisis prematura. Entonces, no hay riesgo de que el Presidente y sus partidos pierdan la mayoría porque pese a lo intenso de su campaña mediática la derecha partidaria, el PRIAN, está herida de muerte y no tiene autoridad moral. Habrá por tanto mayor abstención, se reducirá la votación de Morena y aliados con respecto a la votación por AMLO en 2018, pero la derecha no ganará la mayoría. El problema que tiene el Presidente es que no contará con mayoría calificada en la Cámara. De esa manera no puede imponer reformas constitucionales como para tirar abajo las reformas neoliberales. Pero eso supondría que se propone acabar con las reformas neoliberales. Y no lo hizo en esta Legislatura que concluye en que sí tenía mayoría calificada (¿como parte de una transición pactada?). Por eso reformas parciales como la de la energía eléctrica, la de hidrocarburos y de algún modo el outsourcing son frenadas por la Corte o intereses empresariales ya que no se atrevió nunca a abrogar las reformas neoliberales completamente y con esas se amparan los opositores.


El llamado voto útil tampoco es alternativa para nosotros. En primer lugar porque tiene un contenido diferente al que en el pasado tuvo entre partidos de izquierda. Ahora lo promueve Claudio X. González, cabeza burguesa de los partidos de derecha de la coalición PRI, PAN y PRD y significa que con tal de derrotar a Morena en aquellos lugares que la votación será cerrada y no hay coalición, el PRI o el PAN desista a favor del otro. Esto no aplica a nosotros porque jamás votaremos o llamaremos a votar por el PRI o el PAN.


Pero tampoco el voto “por el menos malo”. El problema es la definición de cada partido y lo que representa. Y por eso decimos que ninguno representa una alternativa para la clase trabajadora. Por eso nos parece inaceptable que personas que alguna vez participaron en movimientos de resistencia aparezcan con candidaturas de partidos como el PES. O que para no apoyar a candidaturas del PRI, PAN o PRD apoyar la candidatura de la hija de Feliz Salgado. Este último no es candidato a Gobernador de Guerrero porque el INE le castigó por no presentar informes de gastos, no porque Morena lo hubiera retirado debido a los cargos de violación y agresiones sexuales. Morena lo defendió siempre, su partido se definió rotundamente frente al reclamo del feminismo. Y para no dejar dudas el propio Presidente de la República, jefe de Morena, también lo defendió y atacó al feminismo como “aliado de la derecha” y portadora de ideas extranjeras. La postulación de su hija, en vez de Félix Salgado, continúa la ofensa al utilizar de esa manera a una figura de mujer para el mismo propósito político. Pero en general no podemos usar el argumento del “menos malo” cuando en muchos casos, especialmente las candidaturas a las 15 gubernaturas de los estados, la opción que propone Morena es apoyar a un priista o panista (de muy reciente participación con alguno de esos partidos o sus gobiernos) para enfrentar a otros priístas o panistas. Es posible que Morena pierda la elección para las gubernaturas en algunos estados. El caso de Nuevo León es ejemplar de lo que decimos. La candidatura de la priísta Clara Luz Flores (discípula de Keith Raniere de la secta NXIVM) es completamente indefendible y no es “menos mala” en comparación con sus antiguos compañeros del PRI.


No hay alternativa en esta elección. Si votas o no votas, de todos modos hay que continuar la lucha con independencia del poder y sus partidos. Continuar la lucha contra el neoliberalismo y contra el patriarcado capitalista. Y simultáneamente continuar, aunque sea una tarea de mediano plazo con la construcción de un partido revolucionario, es decir socialista, anticapitalista, feminista, ecosocialista e internacionalista.

Ciudad de México a 1 de junio de 2021.

(*) integrante del Comité Político del PRT.

(**) Leer sobre todo el artículo “¿Elecciones en la nueva normalidad?” y el artículo sobre las elecciones de Gobernadores de 15 estados de la República este 6 de junio: “Gubernaturas para el fin del sexenio”. Ambos artículos en el sitio web del PRT (ww.prtmexico.org)