Frenar y revertir la privatización neoliberal mediante la renacionalización

Frenar y revertir la privatización neoliberal mediante la renacionalización de la industria eléctrica.



A la mitad de su gobierno, el 1ro de septiembre de 2021 mientras rendía su tercer informe de gobierno, el presidente Andrés Manuel Lopéz Obrador (AMLO) anunció el envió de una iniciativa de reforma constitucional para el sector eléctrico, que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Un mes después, el 1ro de octubre, era presentado ante la Cámara de Diputados la iniciativa por la que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética.


La reforma eléctrica presentada por AMLO es importante en el contexto de recuperación del sistema eléctrico nacional, pero parcial en relación con la recuperación total de la industria eléctrica en México, pues se centra en reorganizarlo de tal manera que el Estado recuperé el control y planeación por la vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero en el marco de un mercado de cohabitación con la iniciativa privada, donde el 54% del consumo eléctrico nacional sea generado por la CFE de manera permanente, mientras que en el restante 46% podrá participar la iniciativa privada.


Frenar sin revertir.


La importancia de la reforma eléctrica radica en la posibilidad de poner un freno al saqueo económico que representan los contratos y permisos otorgados a empresas privada ubicadas en la generación de energía eléctrica, quienes han resultado ser las mayores beneficiarias de las modificaciones y reformas neoliberales impuestas por los gobiernos desde Salinas hasta Peña Nieto.


Fue a partir de 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas, que se inició la privatización a través de un formato de apertura que, reformando la ley secundaria y modificando la interpretación del concepto de interés público, permitió la participación de empresas privadas en la generación de electricidad a través de seis formatos que no representarían interés público: Productor Independiente de Electricidad, Autoabastecimiento, Cogeneración, Pequeña Producción, Exportación e Importación. Esta reforma favoreció a un sector de la burguesía nacional e internacional (garantizando la apertura de la industria eléctrica en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte) mediante la cual incrementaron sus inversiones privadas con el apoyo de los gobiernos posteriores (Zedillo, Fox y Calderón) llegando a representar una tercera parte de la capacidad instalada de generación eléctrica en 2010. Para 2013, durante el gobierno de Peña Nieto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) aprobaron la reforma energética que rige actualmente la industria eléctrica, reorganizando el mercado eléctrico con la idea de profundizar la privatización y apertura, favoreciendo de nueva cuenta los intereses de la burguesía en materia de compraventa de energía eléctrica, de instalación de nuevas tecnologías para la generación, de despojo de recursos naturales, entre otros. Con este nuevo esquema las empresas privadas incrementaron su capacidad instalada de generación, representando actualmente el 62%, mientras que la CFE pasó a representar el 38%.


Está claro que para AMLO, la reforma de 2013 representa despojo, destrucción de la industria eléctrica estatal y beneficios para el capital privado, cuyos resultados son el desmantelamiento del sistema eléctrico nacional, la pérdida de seguridad energética y seguridad nacional; su propuesta se podría entender como un freno en el curso neoliberal privatizador de la industria eléctrica. Sin embargo, frenar no es revertir, frenar significar detener el desarrollo de la reforma neoliberal quedándose cada quien en la condición que alcanzó hasta ese momento -tanto el Estado como la burguesía- mientras que revertir significa volver a la condición que se tenía previamente, en este caso representaría el restablecimiento de las condiciones que regían previamente a la reforma de 1992.


En ese sentido, la reforma eléctrica propuesta por AMLO se limita a frenar el avance neoliberal, para 1) recuperar para el Estado la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la CFE, 2) fortalecer a la CFE, 3) cancelar las concesiones y contratos de la iniciativa privada, 4) no dar más concesiones en la explotación del litio y 5) responsabilizar a la CFE de la transición energética en materia eléctrica; pero manteniendo intactos los títulos de propiedad que tiene la burguesía sobre las plantas generadoras de electricidad, los cuales obtuvieron mediante la privatización neoliberal, manteniendo las concesiones en la explotación y exploración de litio concedidas hasta esta fecha (la mayoría en manos de empresas extranjeras), reconociendo la participación de la iniciativa privada en la generación del 46% del consumo eléctrico a través de cuatro modalidades: centrales de Productores Independientes de Energía, sin considerar excedentes ilegales; centrales de Subasta a Largo Plazo; centrales eléctricas construidas a partir de la legislación derivada de la reforma energética de 2013; y centrales eléctricas de Autoabastecimiento auténtico, que hayan operado conforme a los términos legales establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.


El resultado de frenar sin revertir resulta contradictorio, pues aunque pareciera que hay un restablecimiento de las condiciones previas a las reformas neoliberales al cancelar los contratos y concesiones, por ejemplo, se contradice con la pervivencia de las empresas privadas y la posibilidad de que mantengan su participación en el mercado eléctrico, pese al mecanismo de regulación atribuido a la CFE y el establecimiento de un nuevo marco legal. De ahí que entender este carácter contradictorio de la reforma de AMLO es necesario, teniendo en cuenta los alcances y limitaciones para permitirnos posicionarnos de cara a la coyuntura.


Parcialidades y contradicciones.


La reforma de AMLO presenta un diagnóstico sobre los efectos de la reforma de Peña Nieto y subraya la manera en que la burguesía fue beneficiada a costa de la empresa pública. En el diagnóstico se expone la manera en que el sistema de despacho de energía se modificó de tal forma que las empresas privadas tengan prioridad y la CFE se quedé con las pérdidas -215 mil millones de pesos anuales por energía no despachada y 222 mil millones de pesos anuales por la compra de energía-, además de favorecer a las empresas que ofertan el precio más bajo, pues se les despacha primero y se les paga el precio de la oferta más cara; por otro lado se señala que la falta de planeación, así como la entrega ilimitada de permisos, satura las redes y afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, además de traducirse en una alta concentración de la capacidad instalada en manos de empresas privadas; el diagnóstico concluye con siete razones por las cuales es insostenible el sistema eléctrico actual -regido por los intereses privados, riesgos en aumento de las tarifas y de un colapso de la red- pues representa un modelo de mercado insostenible, que depende de transferencias crecientes del sector público al sector privado, que solamente podrían mantenerse con elevados aumentos de tarifas eléctricas.


Aunque estamos de acuerdo en el diagnóstico, lo que nos parece contradictorio es la solución que se propone, por ejemplo, en lo que concierne a la participación de la burguesía, pues queda comprobado que su presencia en la industria eléctrica conlleva los riesgos y efectos arriba mencionados ¿Por qué dejarles el 46% del mercado eléctrico?


La propuesta del presidente tiene por objetivo que el Estado recupere la conducción del sistema eléctrico nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para esto, reintegra en un solo organismo a la CFE convirtiéndola en un organismo del Estado -con autonomía en sus funciones y administración-, recuperando las funciones que actualmente realiza el Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) y otorgándole la responsabilidad de la planeación y control del sistema eléctrico nacional, además de preservar la seguridad energética, la autosuficiencia energética y el abastecimiento continuo. Se establece también a la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, de tal manera que la CFE llevará a cabo el abastecimiento de energía eléctrica de manera exclusiva, sin embargo generará por lo menos el 54% del consumo eléctrico nacional de manera permanente. Por otro lado, se propone una colaboración entre la CFE y el sector privado -honesta, de buena fe y al servicio de la nación- permitiéndole participar en el 46% de la generación pero sujetándose a la planeación y control de la CFE.


La solución propuesta por el presidente es una reorganización del Sistema Eléctrico Nacional, donde cohabiten o coexistan la iniciativa privada y el sector público, una contradicción pues pese a que la CFE mantenga el control a través de candados -como el despacho de acuerdo al mérito de costo de producción- o a través de establecer nuevos permisos y contratos, la lógica e intereses de la burguesía se mantendrán, reducidas a un espacio que representa el 46%, pero existentes al final de cuentas. Contradictorio porque establece un mercado donde la disputa seguirá siendo por los precios y los costos, en un escenario de aumento en los precios internacionales de los combustibles -gas, gasolinas, petróleo, carbón-; esto resulta un riesgo para una empresa como la CFE pues su capacidad instalada para la generación de energía eléctrica se divide en 33% energías limpias y 67% energía con uso de combustibles, mientras que para el caso del sector privado su matriz es del 40% energías limpias y 60% energías con uso de combustibles. La determinación de los precios será reflejo de una competencia donde juegan un papel central, tanto la generación de electricidad a base de tecnologías limpias, como las centrales de ciclo combinado, pues las primeras representaron en 2020 el 28% de la energía generada a nivel nacional, mientras que el ciclo combinado -que emplea gas natural- representó el 58% para el mismo año.


Renacionalización y Transición Energética.


Por todas las parcialidades y contradicciones que observamos en la reforma del presidente, nos pronunciamos por la necesidad de renacionalizar la industria eléctrica, porque de esta manera se podría garantizar una reorganización de la industria eléctrica compatible con las necesidades de la transición energética, dar respuesta a la incertidumbre que genera la crisis mundial de los combustibles, mantener tarifas de luz con precios bajos, asegurar la soberanía energética, entre otros beneficios.


La renacionalización permitiría que la transición energética sea más rápida, pues se tendrían que expropiar las centrales de energías limpias que están en manos de la burguesía para ser gestionadas y controladas por el Estado. Aquí es importante agregar que la gestión con miras a la transición energética no solo debe quedar en manos del Estado, se deben incorporar las y los trabajadores, así como las comunidades y pueblos originarios, pues aunque no son los únicos sectores de la población que resienten el impacto de la crisis ecológica y la transición energética, si son los sectores que por su ubicación resultan como principales.


Tal y como lo han dejado claro las y los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en los resolutivos de su Asamblea General Extraordinaria del pasado 11 de octubre - justo cuando cumplen doce años de resistir al decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza del Centro ordenado por el panista Felipe Calderon en 2009- donde se pronuncian por el respaldo a la reforma del presidente, mediante un respaldo activo convocando al movimiento democartico e independiente del país a hacerle frente a la reacción de los grupos oligarcas, a la derecha nacional y extranjera, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales que se oponen a esta iniciativa por no convenir a sus intereses; planteando: 1) incluir a las y los trabajadores del SME en todos los procesos de reorganización del sistema eléctrico nacional que quedarán bajo la responsabilidad de la CFE, para de esta manera, hacerle justicia a las y los trabajadores y jubilados que fueron víctimas del neoliberalismo; 2) la resolución a las demandas de las y los usuarios de la energía eléctrica, que también han sido víctimas del neoliberalismo ya sea por el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza o por los tarifazos producto de la reforma privatizadora de Peña Nieto; 3) incorporar el derecho humano a la energía eléctrica de carácter universal para todas y todos los mexicanos, contemplando una tarifa social para quienes perciben bajos ingresos; 4) integrar en la gestión de las empresas públicas a las y los trabajadores del sector, a las y los especialistas en la materia, a las y los usuarios consumidores, así como la participación democrática de las comunidades campesinas y pueblos originarios con pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía.


Cabe mencionar que como Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) hemos apoyado y apoyamos la posición actual de las y los compañeros del SME frente a la reforma planteada por el presidente, principalmente porque coincidimos con las demandas que han planteado:


  1. Renacionalización de la industria eléctrica.

  2. Reinserción laboral para la resistencia del SME.

  3. Derecho humano a la energía eléctrica.

  4. Tarifa social justa.

  5. Borrón y cuenta nueva para las y los usuarios en huelga de pagos frente a la CFE.

  6. Transición energética con la participación democrática de las y los trabajadores, así como de las comunidades y pueblos originarios.


La incorporación de estas demandas a la reforma eléctrica le otorga una dimensión social que no tiene actualmente, lo que permite profundizar los cambios en la industria eléctrica en medio de la disputa contra la derecha, la burguesía -nacional e internacional, como el caso de Iberdrola- y los neoliberales que aún están desperdigados dentro y fuera del gobierno.


Fundamentalmente en el escenario de la transición energética, una disputa que ha comenzado desde hace años y que continuará hacia el futuro, la renacionalización de la industria eléctrica juega un papel central, pues si esta quedará en manos de la burguesía -aunque sea una porción como el 46%- la transición corre el riesgo de estar dirigida por la lógica capitalista -depredadora, privatizante, despojante, violenta-, de ahí que la gestión democrática, incorporando a otros sectores de la sociedad, es necesaria y urgente, pues las alarmas del cambio climático y la crisis ecológica desde hace años están encendidas en México y en la región.


Por otro lado, la reinserción laboral de las y los compañeros del SME representa la incorporación de un componente democrático dentro de la CFE, pues sin ocultar los hechos es claro que la propia CFE fue asimilada al neoliberalismo durante todos estos años, convirtiéndose en una insignia del despojo neoliberal: en el caso de la resistencia contra la Termoeléctrica de Huexca en Morelos, en el caso del gasoducto Sonora que provee de gas a la CFE, en el caso de la resistencia contra la presa de la Parota en Guerrero, en el caso de la resistencia contra las altas tarifas en Campeche, en el caso de la ocupación de la zona de trabajo del SME tras la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, entre muchos otros. En todas estas experiencias la CFE se convirtió en promotor y gerente de los intereses de la burguesía, sus funcionarios y líderes sindicales se prestaron a este juego, esta condición forjada al calor del neoliberalismo sigue estando presente, basta con ver los contratos con empresas de outsourcing que la CFE firmó para atender la zona centro del país, reforzando un tipo de contratación relacionado con el neoliberalismo. De ahí que sea necesaria la presencia de componentes democráticos, que además del SME contemple a las organizaciones que resisten contra los megaproyectos, a las y los usuarios de energía eléctrica, entre otras.


Frenar y revertir.


Aún faltan varios días para que se apruebe o no la reforma eléctrica, se habla de meses de discusión, es decir que la coyuntura será temporalmente larga y excepcional, por eso nuestra propuesta es la de frenar y revertir la privatización neoliberal mediante la renacionalización de la industria eléctrica. En las condiciones actuales que vive el país de una crisis política irresuelta y una crisis económica acelerada por la pandemia, una reforma parcial que permita la participación de la iniciativa privada pospone un conflicto de intereses que el mismo presidente describe en la iniciativa de reforma. Por otro lado, la disputa por la industria eléctrica empuja al movimiento democratico e independiente no solo a posicionarse a favor de la propuesta presidencial, sino que también abre una posibilidad para incorporar demandas que han quedado pendientes y que tienen su origen en años anteriores, la mayoría resultado del proyecto político neoliberal.


Es urgente levantar un proceso de movilización, en el marco de un frente amplio que pueda conjuntar las demandas populares en la perspectiva de la renacionalización de la industria eléctrica. No podemos esperar a que la oposición vote a favor de la reforma o desgastar nuestras fuerzas para presionarlos a que lo hagan. Tenemos la posibilidad de plantear la renacionalización como una medida urgente frente a la crisis, sin caer en el chantaje de las demandas en tribunales internacionales, las sanciones económicas o los pagos millonarios por una expropiación -que por cierto, también el presidente reconoce el fuerte apalancamiento que han recibido las empresas privadas-.


Ante la disyuntiva que propuso el presidente a los legisladores del PRI, para que se definan entre el camino de Carlos Salinas -quien impulsó las privatizaciones neoliberales- o el camino de Lázaro Cárdenas -quien nacionalizó la industria petrolera-, el camino es la renacionalización de la industria eléctrica como lo hizo Lazaro Cárdenas con el petróleo, lo que se traduce en la coyuntura actual en la expropiación de las centrales eléctricas y su infraestructura relacionada que está en manos de las empresas privadas, así como de las concesiones de litio, además de los minerales y recursos naturales necesarios para la transición energética.