HOY COMO AYER, ABAJO LA REFORMA ENERGÉTICA DE PEÑA NIETO.A PROPÓSITO DE LOS AMPAROS PATRONALES


Estas semanas hemos visto una importante confrontación con motivo de la iniciativa que el Presidente López Obrador presentó de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión. Múltiples empresas privadas han interpuesto amparos contra esta reforma y han logrado la suspensión de la misma. Legisladores del bloque de partidos de derecha, del PAN, PRI y PRD también se han opuesto a la reforma con acciones de inconstitucionalidad.


La confrontación se presenta como una pelea entre sectores de la burguesía, empresas privadas nacionales y extranjeras que se han beneficiado con las reformas privatizadoras neoliberales, particularmente con la reforma energética impuesta durante el gobierno de Peña Nieto, por un lado y por el otro por el gobierno de López Obrador. Ante la furia y beligerancia de estas empresas y los partidos de la derecha el Presidente ha insistido que no se trata de acabar con la reforma energética neoliberal de Peña, sino por lo menos quitarle los “aspectos más filosos” de esa reforma neoliberal. Una frase que ya había utilizado en campañas electorales previas explicando que se proponía quitar los aspectos “más filosos del neoliberalismo”. Ciertamente también ha advertido, a continuación, que si la Suprema Corte de Justicia determina que la reforma sobre la ley eléctrica es inconstitucional podría entonces promover una reforma a la Constitución.


Como no se ha planteado todavía la reforma constitucional que abrogue la reforma energética neoliberal, la puja se mantiene básicamente en el nivel de las deliberaciones del Poder Judicial y los pronunciamientos mediáticos de legisladores y partidos. El tema subyacente es ciertamente trascendental, pero con la óptica caudillista que caracteriza a este gobierno que se piensa como representante del “pueblo sabio” no hay, a nivel social, iniciativa, acción o movilización alguna sino una espera a la expectativa de lo que se decida en el poder. La excepción es el SME (Sindicato Mexicano de Electricistas) y la NCT (Nueva Central de Trabajadores) que asumiendo la importancia de lo que está en juego sí ha realizado movilizaciones en el propio Zócalo exigiendo el rechazo a los amparos de las compañías privadas y la renacionalización de la industria eléctrica. Al mismo tiempo están promoviendo del 19 al 24 de abril una consulta popular sobre el outsourcing (el otro tema de confrontación con las empresas subcontratistas que se debate y que desde hace meses se pospone su resolución en el Senado) que han extendido también a la cuestión del rescate de la soberanía energética. Pero no hay más expresión del movimiento social y el gobierno no está interesado en promoverla o en que haya movilización social.


La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica busca dar prioridad a la CFE en el despacho de energía eléctrica en vez del privilegio de que gozan las empresas privadas, sobe todo extranjeras, que reciben incluso subsidio por parte del Estado para su funcionamiento, además de utilizar la propia red eléctrica instalada durante un largo periodo histórico por el mismo Estado. Los amparos básicamente se sustentan en que la reforma energética de Peña Nieto al eliminar el carácter estratégico de la industria eléctrica favorece la entrada de empresas privadas que hoy alegan, apoyadas en aquella reforma constitucional, que privilegiar a la CFE en el despacho de energía implica una “competencia desleal”, un atentado a la libre empresa y la competencia. En realidad, su argumento coloca en la mesa la necesidad de la reforma constitucional, es decir la abrogación de la reforma energética neoliberal. Aunque AMLO amenaza que de no aceptarse la reforma a la ley eléctrica podría proponer la reforma constitucional, no se entiende por qué a casi 3 años de su gobierno, no ha propuesto -como muchos de sus votantes esperaban en 2018- el fin de la reforma energética, así como del resto de reformas neoliberales de la época de Peña (por ejemplo, la educativa) y hoy insiste en una reforma que solamente lime los aspectos “más filosos”. ¿Por qué una reforma parcial y por qué hasta ahora?


Como ya hemos señalado en otras ocasiones, de origen hay una contradicción entre las expectativas populares, el imaginario popular, de lo que significa el fin del PRIAN y los reales compromiso de AMLO en cuanto al neoliberalismo, más allá de la retórica sobre el fin del neoliberalismo. En este caso, como en otros antes, la iniciativa de AMLO no está en la lógica del cumplimiento de una promesa de campaña, sino una respuesta parcial a la crisis energética neoliberal que se expresa en la actualidad.


En el mes de febrero, además de las consecuencias de la pandemia, en el norte del país y por tanto en la frontera con Estados Unidos vivimos semanas con extremos frentes fríos con temperaturas bajo cero y fuertes nevadas. En Texas, particularmente, estas fuertes nevadas congelaron la tubería del gas. Sorpresivamente, en amplias zonas del norte de México, afectando a cientos de miles de personas en Chihuahua y Coahuila, así como en las zonas fronterizas de México con Texas, se vivieron, alrededor del 15 de febrero, extensos apagones de la energía eléctrica y de gas (en aquellos lugares donde hay el servicio entubado). Los efectos sociales y de salud son tremendos pues los apagones ocurrieron en medio de temperaturas bajo cero e intensas nevadas en ciudades de Chihuahua, con lo que implica que, además, la gente en esas condiciones se quede sin luz. Adicionalmente, como la red eléctrica está interconectada nacionalmente, los apagones de luz en el norte del país, sobrecalientan la red y por tanto hubo que organizar cortes del suministro de luz a zonas ubicadas incluso en el centro del país.


Al investigar lo ocurrido se constató que tan grandes y extendidos apagones no son atribuibles a fallas humanas o técnicas. Son consecuencia clara de las reformas neoliberales privatizadoras de la energía. Resulta que la CFE en vez de consumir el gas, que incluso se quema en las torres de Pemex en el sureste, compra a compañías privadas el gas necesario para la generación eléctrica. Y las compañías privadas que surten de gas a la CFE en el norte de México están en Texas. Al congelarse la tubería en Texas por las nevadas, se suspendió el suministro de gas a México. Aun cuando se restableció el servicio, las compañías texanas (incluso en Texas no se trata de una sola compañía privada sino varias) priorizaron a sus clientes en Estados Unidos por lo que el suministro a México, a la CFE, llevó más tiempo con las consecuencias terribles para el país. La falta de soberanía energética y la privatización que favorece a otras compañías en vez de a la CFE, más allá de discursos retóricos, quedó evidenciada. La crisis energética del mes de febrero que puede expresarse nuevamente en cualquier momento (como ya lo anunciaba otro apagón un par de meses antes) es lo que obligó al gobierno de AMLO a reaccionar y proponer una reforma legal, que no constitucional, que lime los aspectos “más filosos” de la reforma energética neoliberal y no la reforma misma.


¿Una Cuarta Transformación en marcha?


Aunque publicitariamente esta reacción se presenta como parte de la defensa y consolidación de la “Cuarta Transformación” (lema y bandera del nuevo gobierno) la realidad muestra sus limitaciones. Por estas contradicciones es que dijimos desde el triunfo de AMLO (ver resoluciones del CC del PRT de agosto de 2018) que el desfondamiento del régimen del PRIAN podría dar lugar a un nuevo régimen político (quizá lo que llamamos “progresismo tardío” con sus giros bonapartistas) pero difícilmente a una “Cuarta Transformación” histórica. La referencia a la Cuarta Transformación, obviamente, remite a las revoluciones de Independencia, la guerra de Reforma y la Revolución Mexicana iniciada en 1910. El triunfo electoral de AMLO en 2018 no es comparable al inicio de las 3 transformaciones revolucionarias previas en la historia de México. No somos parte de esas corrientes dogmáticas que identifican un proceso revolucionario exclusivamente con la lucha armada. Tampoco quienes piensan que una transformación revolucionaria puede lograrse en un terso proceso electoral o legislativo. La violencia como “partera de la historia” que algunos alegan para oponerse a cualquier participación electoral o institucional les lleva a olvidar o no darse cuenta del mundo extremadamente violento en que estamos viviendo. La muerte y violencia es lamentablemente una constante en la evolución política actual. La crisis y descomposición del sistema, que nació chorreando sangre, anuncia su fin también en medio de una estela terrible de sangre. No olvidamos la crisis de derechos humanos existente en el país, aunque AMLO la niegue o subestime, expresada en decenas de miles de asesinatos, en centenares de miles de casos de desaparición forzada y del nivel escandaloso no solo histórica sino internacionalmente de violencia contra las mujeres y su extremo el feminicidio. Incluso en el terreno electoral. La elección de 2018, con más de 100 candidaturas asesinadas durante el proceso fue la de más alta violencia en la historia del país. Y ahora, en 2021, todavía no terminan de registrarse las diversas candidaturas (que también serán para miles de cargos de elección) cuando ya están siendo asesinadas algunas de esas personas (de todos los partidos) en un ritmo que de mantenerse promete hacer que el saldo al final de la elección del 2021 sea mayor que la del 2018. Entonces el problema no es la dicotomía entre violencia y elecciones. El asunto es que aun sin una revolución como la de 1910, una “cuarta transformación” histórica iniciada a partir de un cambio electoral como el del 2018, requeriría la decisión política de trastocar todo el entramado institucional, especialmente el que durante 30 años fueron tejiendo los gobiernos neoliberales del PRIAN. Es decir, una nueva Constitución que, como dicen los juristas implica un nuevo “pacto social”, cambiar las reglas del juego, todas. Por eso dijimos desde agosto de 2018, la vía para lograrlo es convocar, con el respaldo de los 30 millones de votos del 2018, a un nuevo Congreso Constituyente. Obviamente en paralelo y como parte de esa transformación revolucionaria se requiere una amplia y nacional participación y organización autónoma de las masas, del pueblo todo, lo que un gobierno caudillista no está interesado en estimular o permitir pues desconfía de las organizaciones sociales colectivas a las que considera, a todas por igual, como corruptas.


En vez de eso, el nuevo gobierno optó por una transición pactada con el PRIAN, con un discurso contra el neoliberalismo manteniendo los ejes principales de la política neoliberal como son la austeridad capitalista (encubierta con la lucha contra la corrupción), los megaproyectos neoliberales como el llamado Tren Maya, el Transítsmico, el PIM (Plan Integral Morelos), las reformas neoliberales de Peña (relevantemente la reforma energética), la política de seguridad pública neoliberal basada en la militarización, la creación de la Guardia Nacional, el papel central del ejército en la administración, incluso en la construcción de los megaproyectos (la base de Santa Lucía, tramos del Tren Maya) y el respaldo de y para el ejército (recuérdese el caso del General Cienfuegos), el acuerdo con el imperialismo yanqui (sea Trump o Biden) en torno al tema de la migración o del libre comercio (el TMEC, continuidad del TLC), el Pacto Patriarcal que ante la reciente violencia contra las mujeres el propio presidente justifica. Todo eso, entre otros elementos, que se pretenden equilibrar con políticas asistenciales pero que no empoderen y respeten los procesos autónomos de organización social. No hay en consecuencia Cuarta Transformación.


La renacionalización bandera de la clase trabajadora contra la reforma energética


Y por eso la reacción gubernamental ante la crisis energética del mes de febrero siendo positiva (priorizar a la CFE y no a las compañías privadas en el despacho de energía eléctrica) no es suficiente. Pero tampoco es una reacción del gobierno para tomar el camino de lo que el imaginario popular esperaba de la derrota del PRIAN en 2018: el fin de las reformas neoliberales.


En cambio, debe ser el camino que desde las luchas populares debemos exigir, como lo está haciendo desde la perspectiva propia de la clase trabajadora, el SME. Exigir la renacionalización de la industria eléctrica, es decir la abrogación de la reforma energética. Es la continuación de la lucha del SME que se opuso a la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza por parte de Calderón. Que luego exigió la sustitución patronal con la CFE para recuperar su derecho al trabajo. Y que luego de la derrota del pueblo de México que significó la reforma energética de Peña Nieto, de todos modos, siguió luchando por la reinserción laboral y el reconocimiento sindical, como parte de una lucha política contra el neoliberalismo. En el camino consiguió triunfos parciales, que luego los sucesivos gobiernos han querido desconocer y que el Sindicato defendió al mismo tiempo que explicó que esas conquistas parciales eran transitorias pues no se abandona la lucha por la renacionalización de la industria eléctrica. La llegada del nuevo gobierno no significó de entrada una solución a la contradicción en la medida que el gobierno de AMLO decidió mantener la reforma energética (respetar los contratos firmados en ese marco, insisten AMLO y Bartlett, siempre que no sean producto de la corrupción). Pero en esta coyuntura, el gobierno ha decidido imponer un cambio parcial (limar lo más filoso) con la reforma a la ley eléctrica que representa un posible paso para limitar los alcances de la privatización, pero sobre todo porque abre la posibilidad de una lucha mayor como sería la renacionalización de la industria eléctrica. Avanzar en esa dirección no dependerá de la voluntad del gobierno, sino de la fuerza del movimiento de la clase trabajadora y el pueblo que así lo exija. En esa vía también es posible resolver la demanda de reinserción laboral de los trabajadores en resistencia del SME con la sustitución patronal por medio de la CFE. El SME ha sido en primera instancia la víctima de este proceso de privatización y cabeza de lucha contra la reforma energética neoliberal y todos sus derechos deben ser ya resarcidos.


Continuar con la acción y movilización independientes del gobierno, que se encuentra cruzado por intereses empresariales distintos, para exigir a la Suprema Corte el rechazo a los amparos patronales y exigir al Ejecutivo la renacionalización de la industria eléctrica, es decir la abrogación ya de la reforma energética del PRIAN.


CDMX a 9 de abril de 2021.


(*) Integrante del Comité Político del PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores
Sección mexicana de la IV Internacional